En el Pleno de la Asamblea no hay consenso aún para aprobar las reformas económicas del Ejecutivo. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO
En la Asamblea Nacional están a la espera del envío de las reformas económicas y laborales, así como del veto a los cambios en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).
El Gobierno confirmó ayer 6 de octubre que enviará hoy, lunes 7 de octubre del 2019, las reformas anunciadas. Ya el martes, cuando el presidente Lenín Moreno anunció la medidas, tanto la ministra de Gobierno, María Paula Romo, como el vicepresidente, Otto Sonnenholzner, afirmaban que lo harían en la anterior semana.
Para el titular del Parlamento, César Litardo (AP), lo que está claro es que las reformas llegarán en un solo paquete, por lo que deberán ser analizadas por una sola Comisión legislativa. Prevé también que el cuerpo normativo deberá tratarse en un plazo máximo de 30 días, debido a que será presentado con el carácter de económico-urgente. Si no se apega a este plazo, el proyecto entraría en vigencia mediante el Ministerio de la Ley.
Al tratarse de una propuesta que abarcará temas tributarios será la Comisión de Régimen Económico, presidida por el oficialista Daniel Mendoza, la que se encargue de preparar el informe para el Pleno. Incluso, el legislador habló de que ya se estaría delineando un cronograma de trabajo.
Entre las bancadas legislativas se identifica al tema laboral como uno de los puntos más sensibles para el debate. En cadena nacional, el Gobierno anunció que los trabajadores de empresas públicas aportarán mensualmente con un día de su salario, debido a que su remuneración es superior a la que se percibe en el resto de la administración pública.
Además se adelantó que los contratos ocasionales se renovarán con un 20% menos de remuneración y las vacaciones se reducirán de 30 a 15 días.
A pesar de que esta propuesta laboral no tendrá carácter retroactivo, Wilma Andrade, de la Izquierda Democrática (ID), la criticó. Adujo que a diferencia del sector privado, los empleados públicos no reciben utilidades ni otros beneficios.
“Día trabajado es día pagado. El Estado no le puede confiscar su dinero a ningún trabajador”, agregó Roberto Gómez, del movimiento Creo.
En el tema económico, el que estas reformas sean tratadas es uno de los requisitos para que la Misión Técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) para Ecuador envíe al Directorio Ejecutivo del ente el informe de la segunda revisión de cumplimientos del acuerdo por parte del Gobierno ecuatoriano.
Por su parte, Juan Sebastián Roldán, secretario particular de la Presidencia, llamó ayer a todos los actores políticos a sumarse a la discusión, para que las “distorsiones económicas puedan subsanarse”. Además, el Gobierno dejó abiertos canales de diálogo, para que los sectores sociales se pronuncien sobre los planteamientos.
La Asamblea también está a la espera de que hasta el 20 de octubre el Ejecutivo remita sus observaciones al proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Según dijo María Paula Romo, en declaraciones a la prensa, el Ejecutivo aún analiza los artículos en los que se pronunciará y dijo que todavía no hay nada definido en uno de los temas más sensibles, como es la despenalización del aborto por casos de violación.
Otro punto que está pendiente en la agenda legislativa es la reforma al Código de la Democracia. Litardo aún no convoca al Pleno para retomar el segundo debate -suspendido hace dos semanas-, en medio de discrepancias entre los legisladores por el alcance del texto. El documento deberá ser aprobado hasta el 20 de noviembre por el Pleno, para que pueda aplicarse en las elecciones presidenciales del 2021.
Las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) echaron mano de apoyo externo para que sus propuestas sean tomadas en cuenta en las reformas. Francisco Cobos, consultor electoral de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), participa desde la semana anterior en las conversaciones para difundir los planteamientos del CNE.
Sin embargo, entre las bancadas no existe el respaldo para modificar el método de asignación de escaños D’Hondt, tampoco para eliminar las circunscripciones electorales.
El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) también planteó que se incluya un capítulo exclusivo para los procesos jurisdiccionales a su cargo.
Principales puntos que incluyen las reformas a las tres normativas
Reformas económicas. La propuesta incluye cambios en la jornada laboral, reducción de aranceles a sectores productivos y contribución de empresas que facturen más de USD 10 millones.
Veto COIP. Hay expectativa sobre la posición que adoptará el Gobierno respecto de la no aprobación de despenalizar el aborto en casos de violación, que no obtuvo los votos en el Pleno.
Código Democracia. El cambio de método para la asignación de escaños, eliminación de las circunscripciones y financiamiento de las organizaciones políticas son los puntos críticos.