Asamblea cerró primer debate del proyecto de Ley Anticorrupción, en medio de críticas
Foto: Flickr Asamblea Nacional
Con la participación de 11 legisladores, el Pleno de la Asamblea concluyó hoy el primer debate del proyecto de Ley Anticorrupción y de Protección al Denunciante, que impulsa el Ejecutivo.
La discusión se agotó en poco menos de dos horas en el hemiciclo legislativo, sin que participen legisladores del movimiento oficialista Alianza País (Ap).
La propuesta fue blanco de críticas de asambleístas como Marcela Aguiñaga y Franklin Samaniego, del grupo correísta, quienes señalaron que el texto tiene "vicio de inconstitucionalidad de fondo".
Aguiñaga es presidenta de la Comisión de Justicia, que tramita el documento. Ella cuestionó, entre otros puntos, los mecanismos de recompensas que se proponen para quiénes delaten actos de corrupción.
Criticó que ese sistema se pretenda gestionar desde el Ministerio del Interior y no desde la administración de justicia.
La asambleísta, incluso, exhibió videos en los que mostró el criterio de juristas y académicos, quienes consideraron que el Código Integral Penal ya contiene disposiciones para la recuperación de bienes y recursos producto de la corrupción.
Además, Aguiñaga señaló que por dos ocasiones invitó a la secretaria Jurídica de la Presidencia, Johana Pesántez, para que acuda a la Comisión a defender el proyecto, pero no lo hizo.
"El proyecto de ley constituye un claro ejemplo de demagogia, y hay que decirlo con todas las letras, falacias que pretenden hacer creer que existe un compromiso y lucha contra la corrupción, justificando de paso una crisis económica inducida, que consecuentemente justifica medidas antipopulares y neoliberales", apuntó Samaniego.
El socialcristiano Henry Cucalón apuntó que la gente demanda un cambio normativo trascendente, eficaz y efectivo en materia de lucha contra la corrupción, y se lamentó que el Ejecutivo haya vetado el año pasado la Ley Orgánica de Lucha Contra la Corrupción, de iniciativa legislativa.
"Las figuras de protección al denunciante deben ser eficaces y bajo ningún concepto facultativas", añadió Cucalón.
Mientras, Fernando Callejas (Creo) instó al Pleno a despojarse "de cualquier animadversión y acoger lo positivo de estos proyectos para incorporarlos también en el Código Penal". Subrayó que no se puede dar potestades a instituciones que naturalmente no las tienen.
La correísta Soledad Buendía, integrante del Consejo de Administración de la Legislatura, se encargó de conducir la última parte del debate, en lugar de la presidenta, Elizabeth Cabezas (AP).
Suspendió la sesión cuando terminó la discusión del proyecto, postergando otros puntos de la convocatoria como un proyecto de resolución en solidaridad con los familiares de las 18 víctimas del incendio en una clínica ilegal en Guayaquil, y otra relacionada con cambios legales a las pensiones que reciben los exmandatarios.
A la Comisión de Justicia le corresponderá procesar las observaciones y elaborar un informe para el segundo y definitivo debate. El proyecto de Ley fue remitido el 13 de septiembre anterior.
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