3 de septiembre de 2019 00:00

La Asamblea tiene reparos a propuesta de bicameralidad

Víctor Ajila, secretario del CNE, entrega los formularios a Pablo Dávila, del Comité.

Víctor Ajila, secretario del CNE, entrega los formularios a Pablo Dávila, del Comité. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO

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Daniel Romero
y Roger Vélez
Redactores (I)

La propuesta de transformar a la Asamblea en un órgano bicameral no tiene respaldo de autoridades de esta Función del Estado ni de las bancadas.
Para el presidente, César Litardo (AP), y el primer vicepresidente, César Solórzano (PSP-BIN), se trata de un mecanismo que no permitirá funcionar de manera óptima al Parlamento ecuatoriano.

La iniciativa proviene del Comité por la Institucionalización Democrática, como parte de su proyecto que también apunta hacia la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cppcs).

Litardo cree que eso dificultaría la aprobación de leyes y podría incrementar la “tramitología y la burocracia” en el Poder Legislativo.

Aunque solo el segundo vicepresidente, Patricio Donoso, está de acuerdo y argumenta que la bicameralidad funciona en por lo menos 100 países, esa tesis no es respaldada por los colegas de su propio bloque, como Homero Castanier, excoordinador de Creo.


La coordinadora de bloque de Alianza País (AP) y presidenta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, Ximena Peña, no se cierra al debate, aunque sostiene que “hay otros temas mucho más importantes que reformar la Función Legislativa”.

Incluso, el Presidente de la Asamblea ratificó ayer que en los próximos días remitirá a la Corte Constitucional (CC) una propuesta de enmienda a la Constitución, que se enfocará en limitar las funciones del Cpccs para designar autoridades de control.

La iniciativa sigue en pie, a pesar de que la Corte ya emitió dos dictámenes que permiten al Comité de Institucionalización de la Democracia y al movimiento Ahora impulsar una reforma a la Carta Política para eliminar al Cpccs.

Los procedimientos para promover una enmienda o una reforma constitucional son distintos en formas y en tiempos, y están descritos por separado en los artículos 441 y 442 de la Carta Política.

En el caso de una enmienda promovida por la Asamblea Nacional, el trámite requiere de dos debates con un año de diferencia entre ambos. La iniciativa debe contar con el respaldo de por lo menos la tercera parte de los (137) miembros de la Asamblea.

Mientras que una reforma impulsada desde la ciudadanía implica, entre otros requisitos, la recolección de firmas de respaldo equivalentes al 1% de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral, antes de la presentación en la Asamblea. Además, el proyecto debe ser sometido a dos debates con 90 días de diferencia entre ambos. Y, posteriormente, ser sometido a un referéndum.

La Ley contempla un plazo de 180 días para que se recojan las firmas de respaldo (132 620, según el último padrón). Pero el Comité coordinado por Pablo Dávila, exintegrante del Consejo de Participación Ciudadana, confía en reunirlas en menor tiempo.

Entre hoy y mañana, Dávila espera tener lista la estructura logística para arrancar con esta tarea. Si el movimiento Ahora hace lo propio y cumple con este requisito, a la Asamblea le corresponderá decidir si unifica ambas propuestas.

El Comité se apresta a enfrentar dos escenarios en cuanto al tiempo que tomará llegar al referéndum.

El primero es que el llamado a consulta popular se concrete en un año. Es decir, hasta agosto del 2020. Sin embargo, el Código de la Democracia establece que un año antes de los comicios no puede haber cambios en materia electoral.

Esto implica que el cambio para la elección de representantes y de senadores no sería viable para las elecciones presidenciales del 2021. Ese cambio, de ser aprobado en consulta, entraría en vigencia para el siguiente periodo legislativo, es decir en el 2025.

El otro escenario es que el referendo se ejecute en las elecciones presidenciales del 2021. Según Pablo Dávila, coordinador del Comité por la Institucionalización Democrática, ese sería el camino más largo para concretar la iniciativa. “Todo dependerá de la discusión en la Asamblea”.

También se tendrá que pensar en un régimen de transición, señaló el principal del Comité. Las autoridades de control designadas por el Consejo de Participación Transitorio estarán en sus funciones hasta el 2023 o 2024 (de acuerdo con el caso).

Esto significa que la Asamblea Nacional, con su actual estructura, debería hacerse cargo de la designación de autoridades y funcionarios en caso de que se elimine el Cpccs. Para esto, Dávila plantea que se implemente un régimen de transición. Sin embargo, la forma cómo se haría ese traspaso, aún no está definida. “Hay cosas que se resolverán en el camino de esta discusión”, se­ñaló Dávila.

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