Captura de pantalla de la votación del Código de Entidades de Seguridad, transmitida por la Asamblea. Foto: Twitter @joffrevz
Cuatro horas duró el segundo y definitivo debate del Código de Entidades de Seguridad. A las 21:00 de este miércoles, 10 de mayo del 2017, se aprobó el último proyecto de la Asamblea Nacional, que termina funciones este jueves.
Con 71 votos a favor y 25 en contra, los cuatro libros que integran el Código fueron aceptados por los legisladores. El debate que inició a las 17:00 se centró en el texto 3, en donde se planteó la creación de un grupo civil cuya misión será la protección de autoridades como el Presidente y Vicepresidente de la República.
Precisamente esta propuesta generó diferencias en los asambleístas de Alianza País. En la mañana, los legisladores de la bancada oficialista hablaban de la existencia de “posiciones distintas” con respecto al proyecto, que fue presentado en el 2011 por el presidente, Rafael Correa.
De allí que todos los legisladores oficialistas se reunieron a las 14:30 para analizar el Código y solventar dudas. Esa cita se extendió hasta las 17:00, lo que originó que el debate se atrasara, pues estaba previsto que inicie a las 15:30.
Antes de la reunión, la vicepresidenta de la Asamblea, Rosana Alvarado, admitió que sí existían diferencias al interior del bloque. Pero explicó que eso es normal y afirmó que precisamente la reunión de bancada era para ponerse de acuerdo y tomar una decisión en conjunto.
Eso se replicó en el debate. Los legisladores de AP ingresaron al Pleno y aplaudían las intervenciones de sus compañeros. Entre esas estuvo la de Dora Aguirre, vicepresidenta de la Comisión de Soberanía y Seguridad, ente que elaboró el texto. La legisladora explicó a los asambleístas de oposición que el denominado Servicio Público de Protección, que se encargará de la custodia de las autoridades, no es un grupo armado. Además, manifestó que será una agrupación que estará bajo la custodia del Ministerio del Interior.
Pero, sus declaraciones fueron criticadas por el asambleísta independiente, Fernando Bustamante. En su intervención señaló que estaba en desacuerdo con ese texto porque según él, es anticonstitucional la creación de ese grupo civil. Esto debido a que en el art. 153 de la Carta Magna se habla que las únicas instituciones encargadas de la protección de la sociedad son las Fuerzas Armadas y la Policía.
Actualmente, 1 238 uniformados de las dos Fuerzas, resguardan a las dignidades. Pero según el texto que fue aprobado, ellos no estarían formados para cumplir estas misiones, por lo que se indica que estarían siendo “subutilizados”. Además se detalla que esto genera al Estado un “gasto injustificado” de USD 17,2 millones anuales.
De allí que la propuesta de la Comisión es reducir ese monto a corto y largo plazo, pues plantea que la transición de esta responsabilidad se de en 10 años. Ese plazo está dividido en tiempos, señaló Aguirre. La legisladora explicó a este Diario que primero se trabajará en una capacitación específica para que el grupo esté apto para la protección de dignidades. El ente que realice esa preparación aún no está definido, pero según Aguirre, podría ser la autoridad pertinente en educación, aunque no descarta que también participen las Fuerzas Armadas y la Policía.
Por eso, en el informe que fue aprobado existe una tabla de presupuestos anuales. En ese cuadro se dice que durante los tres primeros años el dinero que se destinará para ese grupo será de USD 15,1 millones.
Ese dinero servirá para la capacitación, manutención y el equipamiento del servicio de protección. Después de los 10 años se estima que la inversión anual sea de USD 16,4 millones. Esos cálculos ya fueron remitidos al Ministerio de Finanzas y según la propuesta, ya habría aceptado el planteamiento de esos rubros.
Pero en el debate de este miércoles, se cuestionó lo dicho en el informe con respecto a la preparación de soldados y policías. Fernando Bustamante recordó que fueron esos uniformados los que rescataron al presidente Correa el 30 de septiembre del 2010.
Lo mismo manifestaron los legisladores opositores Fernando Torres y René Yandún. Por parte del oficialismo, en cambio Rosana Alvarado, defendió el Código y explicó que la propuesta no busca crear un ente armado, pues según ella se estaría incurriendo en un error del pasado y evocó a la creación del denominado SIC-10.
Eso fue aplaudido por simpatizantes al Gobierno que estaban en las gradas altas del Pleno. Pero en los exteriores, al menos 80 personas protestaban por la creación de este grupo civil. Con banderas y pancartas rechazaban el tercer libro.