21 de febrero de 2020 00:00

Una sola amnistía concedida, de 300 pedidos a la Asamblea Nacional

Karla Chávez (centro), vicepresidenta de la Comisión de Justicia, dirigió una sesión sobre amnistías el 29 de enero. Foto: Archivo / EL COMERCIO

Karla Chávez (centro), vicepresidenta de la Comisión de Justicia, dirigió una sesión sobre amnistías el 29 de enero. Foto: Archivo / EL COMERCIO

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Roger Velez

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Manuel Pichizaca, un comunero de Cañar, es el primero y el último ciudadano que se ha beneficiado de una amnistía concedida por la Asamblea, en el actual período.

El hombre afrontaba un proceso por el delito de paralización de servicio público, tras una manifestación que bloqueó el paso por la principal carretera de la provincia de Cañar, en julio del 2015.

Su caso se resolvió en el Parlamento dos años después, cuando en diciembre del 2017 el Pleno le concedió la amnistía con 117 votos a favor.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) esperaba que este caso sentara un precedente para la resolución de pedidos de más de 200 personas -a quienes identificó como víctimas de la represión a la protesta social en el anterior Gobierno-, pero eso no ha ocurrido hasta ahora.

La Comisión de Justicia, encargada de procesar estas solicitudes, tiene identificados dos factores para que este tipo de trámites estén represados. Por una parte la falta de reglas claras, y el desconocimiento de los peticionarios, de otro lado.

Karla Chávez (exAP), vicepresidenta de esta mesa, explica que muchas de las solicitudes llegan con información incompleta, sin los expedientes.

Hay una Comisión Administrativa de Amnistías e Indultos que tiene plazo hasta mediados de marzo para entregar una propuesta de reglamento.

El proyecto apuntará, entre otros temas, a establecer definiciones y plazos para estos trámites, aunque primero deberá ser analizado por el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL).

César Gaibor, coordinador de la Unidad Técnica Legislativa, concordó con varios asambleístas en que hace falta legislación sobre los delitos políticos, algo que incluso requeriría de una reforma legal, apuntó la asambleísta Lourdes Cuesta (exCreo).

Cuesta aludió a que de los casos que han llegado a conocimiento de la mesa “la mayoría era por delitos comunes”. Por ejemplo, criticó que en la lista enviada por la Conaie se haya incluido a personas que habían ingresado a una Notaría de Cañar y sustraído sus bienes.

El artículo 99 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa precisa que la Asamblea no concederá amnistías “por delitos cometidos contra la administración pública ni por genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro, homicidio por razones políticas o de conciencia”.

Lenín Sarzosa, del equipo jurídico de la Conaie, asegura que presentaron documentación “de que todos ejercían funciones de dirigentes y que el contexto en que se habían desenvuelto los supuestos delitos era el de la movilización social y de resistencia”.

A pesar del resultado, Sarzosa no descartó solicitar amnistía para quienes afrontan procesos por el paro nacional de octubre pasado. “La estrategia jurídica contempla eso, sin embargo, ahora estamos en temas preprocesales”, dijo.

César Carrión (Creo), por su lado, solicitó lo propio para más de 100 procesados por la revuelta del 30S, pero comentó que algunos ya no quieren seguir con el trámite “ya que la amnistía prevé el olvido de ambas partes, tanto del Estado como el de quien solicita, cuando se quiere justicia”.

Principales pedidos de amnistía ingresados en el legislativo

Mayo del 2017
La Conaie acudió a la Asamblea para solicitar amnistías e indultos para unas 200 personas, a quienes identificó como criminalizados por las protestas sociales.

Diciembre del 2017
Con 117 votos a favor, el Pleno concedió este beneficio a Manuel Pichizaca, tras un informe favorable de la Comisión de Justicia. Las de otras 25 personas se archivaron.

Septiembre del 2018
El colectivo víctimas del 30S planteó un recurso similar para pedir una “amnistía general” para los procesados por la revuelta policial del 30 de septiembre del 2010.

Noviembre del 2019
El Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) encargó al equipo que revisa los pedidos de amnistías que elabore una propuesta de reglamento para estos trámites.

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