Mario Vargas (atrás con pelo corto), su familia y su abogado caminan a una audiencia de migración en Los Ángeles. Foto: AFP
Inmigrantes y activistas aseguran que se han detenido a cientos de inmigrantes en las últimas horas y que la Administración del presidente de EE.UU., Donald Trump, comenzó a cumplir sus amenazas de aumentar los arrestos y deportaciones masivas de indocumentados.
De costa a costa, los reportes sobre agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) realizando detenciones saturaron las líneas de ayuda de organizaciones y las redes sociales. Pero, autoridades federales niegan el aumento de operativos y catalogaron los arrestos como acciones de rutina.
“Tenemos 30 años trabajando con la comunidad y podemos decir, por nuestra experiencia, que no fue un día normal, y esto luce como una operación coordinada”, explicó Angélica Salas, directora de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (Chirla).
Por su parte, el grupo United We Dream asegura que en las últimas 24 horas cientos de inmigrantes han sido detenidos en redadas y que personas, tanto indocumentados como ciudadanos, han denunciado que les solicitaron su documentación en retenes en carreteras. En el área metropolitana de Los Ángeles hubo más de 100 arrestos y podrían ser 130. No obstante, los activistas no han podido confirmar la cifra.
“ICE le negó información a nuestros abogados, y ellos pudieron ver cómo un bus y cinco camionetas de indocumentados eran llevados del edifico federal”, indicó Salas.
Chirla destacó que la cifra de más de cien arrestados fue proporcionada por los agentes de Inmigración cuando fueron confrontados por su equipo legal. El Consulado de México en Los Ángeles dijo que 16 de sus nacionales fueron detenidos. “Cada vez que escuchemos estos reportes responderemos con fuerza”, dijo Salas.
El dolor de estas redadas lo vivió la familia de Manuel Mosqueda, inmigrante que fue arrestado este jueves como parte de un operativo en el que oficiales no buscaban a este mexicano sin registro criminal y que reside en EE.UU. desde la década de 1980.
Kevin De León, presidente pro témpore del Senado de California, junto a otros legisladores estatales y federales, pidió a las autoridades más información sobre las personas arrestadas para asegurarse de que tengan acceso a representación legal y que se respete el debido proceso. “Estoy muy preocupado por el bienestar de nuestra gente trabajadora, pero también estoy muy molesto con este presidente y sus políticas que van contra el espíritu de este gran país”, indicó el político demócrata.
Al otro lado del país, en Carolina del Norte, al menos 20 indocumentados fueron arrestados en los últimos días en una serie de operativos en Charlotte, en uno de los cuales se arrestó a siete trabajadores de una empresa de jardinería.
En un hecho parecido en Atlanta, Georgia, cinco trabajadores que viajaban en una camioneta fueron detenidos por oficiales de inmigración. Los agentes se movilizaban en vehículos que no tenían identificación, denunció una testigo que registró en video el operativo. Activistas de Indiana también reportaron un aumento en las acciones de los agentes de Inmigración como parte de las nuevas prioridades y políticas migratorias de Trump.
El congresista demócrata por Illinois Luis Gutiérrez lamentó que Trump quiera dar una demostración de autoridad con la expulsión de un “gran número de inmigrantes” y criticó la falta de la necesaria supervisión y debido proceso en estos casos.
Ayer, el presidente Trump, subrayó sus intenciones de seguir luchando por la vía judicial para poder imponer su decreto migratorio, que prohíbe el ingreso al país de ciudadanos de siete países de mayoría musulmana.
En medios estadounidenses se especula con que el Mandatario podría emitir un nuevo decreto sobre política migratoria, durante la próxima semana. Un tribunal de apelaciones de San Francisco rechazó el jueves por la noche el pedido del Gobierno estadounidense de volver a poner en vigencia el decreto migratorio del presidente Trump.
En contexto
Los indocumentados (que ingresaron a EE.UU. sin registrarse) y los ilegales (que excedieron el tiempo de permanencia autorizado) son objeto de operativos en sitios de trabajos como fábricas y construcciones. La deportación es la principal opción.