25 de septiembre de 2020 12:32

Juez ordena arresto domiciliario con vigilancia policial permanente y uso de grillete contra legisladora Karina Arteaga

Este viernes 25 de septiembre del 2020 se desarrolló la audiencia de formulación de cargos contra la parlamentaria Karina Arteaga. Foto: Archivo/ EL COMERCIO.

Este viernes 25 de septiembre del 2020 se desarrolló la audiencia de formulación de cargos contra la parlamentaria Karina Arteaga. Foto: Archivo/ EL COMERCIO.

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Diego Puente

El fiscal general (s) Wilson Toainga indicó que la legisladora Karina Arteaga habría exigido “aportaciones indebidas a sus subrogantes a través de terceros”.

Así inició este viernes 25 de septiembre del 2020 la audiencia de formulación de cargos contra la parlamentaria.

Entre los fundamentos para la formulación de cargos que presentó Fiscalía en la audiencia, consta la denuncia, del 13 de septiembre del 2018, de quien se desempeñó como comunicadora de Arteaga.

En su versión se refiere a “aportes que debía hacer y pagos que debía cubrir de la Asambleísta”.

Fiscalía también presentó un informe de la Unidad de Análisis Financiero de las cuentas de Arteaga, el oficio de Talento Humano de la Asamblea Nacional en el que avala la contratación de la comunicadora que luego denunció, el oficio que contiene el informe pericial de las conversaciones de WhatsApp en donde se evidenciaría, según la Fiscalía, la “solicitud de un aporte mensual” entre la asistente de Artega y la excomunicadora.

Otro elemento presentado por el fiscal es la versión de otra excolaboradora que también indicó que entregaba “un valor de USD 20 mensuales” a la asambleísta.

Además, la Fiscalía presentó un oficio de una entidad financiera de una mujer quien constaba como asistente de la legisladora pero “realmente trabajaba como empleada doméstica”.

Con estos elementos, el Juez Penal de la Corte Nacional, David Jacho, resolvió lo siguiente:

Arresto domiciliario con vigilancia policial permanente y uso de dispositivo electrónico. Se dispone que la procesada determine la dirección de su domicilio.

Se ordena la retención de los valores económicos de las cuentas bancarias de la procesada así como la prohibición de enajenar bienes muebles e inmuebles.

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