La Arquidiócesis de Guayaquil aboga por la pronta legalización de Monte Sinaí

El arzobispo Luis Cabrera pidió a las autoridades municipales y gubernamentales concretar la legalización de las tierra de Monte Sinaí, en Guayaquil. Foto: Enrique Pesantes / EL COMERCIO

El arzobispo Luis Cabrera pidió a las autoridades municipales y gubernamentales concretar la legalización de las tierra de Monte Sinaí, en Guayaquil. Foto: Enrique Pesantes / EL COMERCIO

El arzobispo Luis Cabrera pidió a las autoridades municipales y gubernamentales concretar la legalización de las tierra de Monte Sinaí, en Guayaquil. Foto: Enrique Pesantes / EL COMERCIO

El arzobispo de Guayaquil, monseñor Luis Cabrera, hizo un llamado a las autoridades municipales y gubernamentales para que concreten la legalización de Monte Sinaí, un extenso territorio del noroeste de Guayaquil que alberga a 28 800 familias.

“Con todo el respeto, más que pedir es invitarles a que asuman su responsabilidad, a que no den largas al asunto, a que no engañen a las comunidades diciendo este año o el próximo, sino que asuman su responsabilidad de servidores del pueblo y hagan todo lo que corresponda de su parte”, dijo este lunes 3 de septiembre de 2018.

La Arquidiócesis de Guayaquil recibió esta tarde a la veeduría ciudadana de Monte Sinaí, conformada por 31 moradores del sector. Xiomara Jara, su coordinadora, recalcó que son 133 000 personas que esperan que se concrete la titularización de sus predios. “No importa quién, pero que nos legalicen”.

Monte Sinaí tiene cerca de 780 hectáreas. En el 2008 comenzó una ocupación masiva que intentó ser controlada con violentos desalojos. Dos años después se promulgó el Decreto 607 para frenar las invasiones y empezar el ordenamiento del territorio.

Sin embargo, desde entonces la población de este sector solo fue en aumento. Entre 2011 y 2017 pasó de 13 000 a 27 000 predios; y su legalización es una promesa que se repite durante épocas electorales.

Actualmente, las competencias para su legalización están fragmentadas. El 60% de las tierras es propiedad de entidades públicas, entre ellas el Ministerio de Agricultura y el Banco de la Vivienda, que luego pasaron el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi). Y un poco menos del 40% pasó al Municipio de Guayaquil.

La veeduría de Monte Sinaí comenzó en septiembre de 2017, impulsada por Hogar de Cristo y con el apoyo de Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos. Su plazo concluye en noviembre.

Para Juan Remache, parte de los veedores, la lucha seguirá desde la comunidad. “Queremos que se acabe con el sufrimiento de los moradores”. La carencia de servicios básicos es una de los principales problemas de Monte Sinaí.

Jenny Pinto, secretaria del grupo, explicó que esperan que se concrete la reformatoria a la Ley 88 de tenencia de tierra en los cantones Guayaquil, Samborondón y El Triunfo. “Esa es una de las posibles soluciones y para aquello pedimos la colaboración del asambleísta Héctor Yépez, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, para que con la reforma se permita que el Municipio sea el competente de legalizar las tierras en Monte Sinaí”, indicó.

Los siete sectores a cargo del Cabildo cuentan con planos de solares que pueden servir para futuras obras. De los 11 barrios divididos por el Miduvi, tres han sido notificados y cuentan con obras como una escuela del Milenio, viviendas del programa Casa para Todos, vías y el hospital general Monte Sinaí del Ministerio de Salud.

“Del lado municipal ya están notificadas todas las familias. Pero en el lado gubernamental, en tres barrios se han demorado tres años y aún no caminan. Eso nos desespera”, comentó Jara.

Durante su gestión, la veeduría ha mantenido reuniones con representantes del Miduvi, el Municipio, la Secretaría Técnica de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares, el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, entre otros.

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