3 de noviembre de 2019 00:00

Tras protestas, agentes reiteran alerta sobre venta ilegal de armas

Un grupo de manifestantes encapuchados circuló por el barrio Chillogallo, en el sur de Quito. Foto: Archivo / EL COMERCIO

Un grupo de manifestantes encapuchados circuló por el barrio Chillogallo, en el sur de Quito. Foto: Archivo / EL COMERCIO

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Redacción El Comercio

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Los agentes rastrean cada pista que llega a sus oficinas. ¿Es verdad que la gente se está armando para defenderse de grupos violentos, que en las últimas protestas desataron pánico entre los vecinos? La primera advertencia la dio el presidente Lenín Moreno.

Cuatro días después de que la crisis terminara, el Mandatario advirtió sobre personas que tratan de comprar armas sin permisos. Entonces, dijo que si una persona quiere tener una pistola, revólver o similares debe cumplir la ley. Es decir, hacer un curso, pasar un examen psicológico, consignar datos y obtener autorización.

“Tengo una peligrosa alerta: gente de Quito y de ciudades de la Sierra están adquiriendo armas. Les advierto que es prohibido portarlas y si quieren tener una en la casa, cumplan con lo que corresponde la ley: sacar el permiso. A veces uno dice tengo que cuidar mi casa y a mis hijos, pues hágalo bien”.

Este Diario llegó a los sitios, en donde durante las manifestaciones se difundieron videos de personas que amenazaban con disparar a los encapuchados que se movilizaban en camionetas y eran escoltados por sospechosos en motos.

Una mujer recordó que el domingo 13 de octubre, unos 50 o 70 desconocidos comenzaron a empujar la puerta principal del conjunto. De pronto escuchó dos disparos. “Al que se meta le doy bala, carajo”, gritó uno de los vecinos.

Era un policía retirado, mientras apuntaba su arma hacia el cielo. Los violentos se dispersaron.

Otro vecino recuerda lo mismo. Una turba rondaba por su conjunto habitacional y comenzaron a organizarse para evitar cualquier problema.

A la Policía Judicial han llegado alertas sobre personas que, tras las protestas, buscan armas, incluso en el mercado ilegal. En el momento acumulan evidencias, pero agentes identificaron la presencia de armeros que se encargan de la fabricación clandestina de pistolas, revólveres, cartuchos, rifles, ametralladoras y otros.

Según las investigaciones, estos grupos importan las piezas desde Perú. “Es más fácil ingresar por la frontera las partes que el arma entera”, indicó a este Diario un jefe policial.

Luego las ensamblan, almacenan y venden ilegalmente.
En el país ya están identificados 80 armeros ilegales, que trabajan en Guayas, Pichincha, Esmeraldas, Carchi y El Oro.

Estas organizaciones operan con una cadena de proveedores, transportistas, acopiadores, ensambladores y vendedores.En Perú están quienes fabrican las piezas y el personal encargado de transportarlas y entregarlas.

Los investigadores conocen que un revólver legal, con certificado de importación o de fabricación nacional, puede costar USD 2 000. En cambio, en el mercado ilegal se ofertan desde USD 100 o 150.

Édgar, un profesor universitario de 57 años, cuenta que durante las manifestaciones, afuera de su urbanización, sintió verdadero temor y total indefensión. “Llegaron cientos de personas en camionetas y caminando. Traían llantas para quemar, palos y piedras”.

Los moradores también se pararon con palos y piedras. “Eran cientos de personas violentas, que nos insultaban”.

Otra persona reconoció que en su urbanización un vecino sí usó un arma para amedrentar a los violentos. “No sé si era legal o ilegal, pero sé que en esos momentos de desesperación era necesario usar”.

El Código Penal (art. 360) castiga con cárcel de seis meses a un año a quienes mantengan en un lugar determinado un arma de fuego sin licencia. Esta figura se llama tenencia. El porte ilegal, en cambio, es penado con privación de la libertad de tres a cinco años. Este ilícito se configura cuando una persona lleva consigo o traslada el arma sin permisos.

Una joven, que fue atacada por las turbas, recuerda que al lugar donde vive llegaron desconocidos, que llevaban palos y fierros. Les exigieron comida, cobijas, ropa y muebles viejos para quemarlos en la calle. “Nos dieron 30 minutos para reunir las cosas. Nos decían ‘tienen que apoyar el paro; si no, definitivamente están en contra de nosotros”.

La gente prefirió entregar las cosas y no enfrentarse. Después, todos los vecinos se propusieron armarse. “Por ahora estamos pensando poner una alarma, pero hay gente que sí dice: debemos estar mejor para cuidar la urbanización’.

La Policía hace operativos para retirar el armamento ilegal de las calles. Entre enero y septiembre de este año se han incautado 4 265. La mayoría son revólveres.

El miércoles de la semana pasada, este Diario informó cómo después de la crisis los barrios de Quito montaron brigadas nocturnas que realizan patrullajes. Esto ocurre en el 80% de 100 vecindarios.

En Ambato, estos grupos dan protección a 36 sectores. Recorren de noche y madrugada. Aseguran que no están armados y que comenzaron a trabajar desde el 9 de octubre, durante las movilizaciones indígenas. Ese día, el pánico se apoderó de los moradores de los barrios y ciudadelas. Las alarmas sonaron y los vecinos se unieron ante posibles atracos de agrupaciones delictivas.

Las ciudadelas La Presidencial, San Cayetano y La Pradera, al oriente de la urbe, son parte del proyecto de las brigadas. Los uniformados les capacitaron en normas de seguridad y cómo actuar en el caso de una emergencia.

Juan Carlos Miranda, jefe de la Policía Comunitaria, indica que antes no había interés por este tipo de vigilancia; ahora el 95% de los vecinos participa.

Explica que había 28 puntos organizados, pero el número creció a 36 y que hoy laboran con la Policía Comunitaria y el Consejo Municipal de Seguridad Ciudadana de A­mbato. “Les apoyamos con una unidad policial y recorremos las zonas conflictivas de esos sectores”.

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