El 2 de diciembre, un grupo de camaroneros fue asaltado en el golfo de Guayaquil; ambulancias esperaron a los afectados para atenderlos. Foto: cortesía
Es una propuesta “sin sentido”. Así se pronunció ayer, 15 de diciembre del 2020, el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, ante los pedidos de que los civiles porten armas de fuego para frenar los robos.
Un día después de que el Gabinete de Seguridad analizara las normativas vigentes sobre el tema, el funcionario además insistió en que únicamente la Policía Nacional y Fuerzas Armadas tienen el “monopolio” del uso progresivo de la fuerza.
En el momento, 44 283 armas legales también están en poder de guardias de seguridad privada y de otros cinco grupos.
Pero ellos no tienen la tarea de mantener la seguridad interna y la defensa externa, que la Constitución (artículo 158) faculta a las fuerzas del orden. Hoy rige en Ecuador una Ley para otorgar permisos a quienes lo solicitan y cumplan con los requerimientos exigidos.
El reglamento pide pruebas psicológicas y técnicas.
Allí, además, se habla de dos figuras: tenencia y porte de armas. La primera permite tener la dotación solo en casa. 8 689 personas cuentan con ese aval.
Otros 321 tienen la autorización para el porte. Es decir, pueden transitar con pistolas, revólveres o similares. Esto lo pueden hacer solo los ganaderos y camaroneros del país.
Representantes de este último sector se reunieron el 3 de diciembre pasado, en la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA), en Guayaquil.
Allí plantearon al Gobierno que simplificara los procesos para la tenencia y el porte.
Dijeron que la solicitud obedece a los constantes asaltos que han sufrido en provincias como Guayas, Manabí y El Oro.
José Antonio Camposano, presidente de la CNA, indicó que esta petición la hacen desde hace dos años. “Insistimos, porque vemos que la Policía y la Armada, ya sea por falta de recursos económicos, logísticos o de cualquier índole, no pueden garantizar la seguridad del sector”.
300 ganaderos también se reunieron el lunes 14 de diciembre en Esmeraldas. Allí hablaron de la necesidad de aumentar las penas en caso de cuatrerismo, que se den más permisos para el porte de armas y se agiliten los trámites para renovar los permisos que están suspendidos.
El gerente de la Asociación de Ganaderos del Litoral y Galápagos, Enrique Baquerizo, confirmó esos detalles. “Los documentos que se obtuvieron en el 2014, con vigencia para cinco años, están caducados. De manera verbal nos han señalado que no habrá renovaciones de ninguna clase”.
En lo que va del año, los ganaderos han interpuesto 1 243 denuncias por robo de ganado.
En una queja pueden constar dos o más reses. “Hay gente que pierde hasta 30 vacas en una sola noche. Acaban con la producción, con la vida de ese ganadero”, sostuvo Baquerizo.
El penalista y catedrático Alan Añazco aseguró que no hay ningún estudio que demuestre que portar armas de fuego mejora la seguridad.
“Los estudios determinan que reconocer el derecho a portar armamento o flexibilizar los requisitos aumenta el número de delitos y de personas privadas de la libertad. De ninguna manera se ha comprobado que con esta política se llegue a prevenir el ilícito”.
El viceministro de Gobierno, Patricio Ramírez, aseguró que hay niveles de violencia interpersonal que podrían agravarse. “Registramos muchas muertes provocadas por la comunidad a través de riñas. Muchos homicidios se dan por violencia callejera o peleas interpersonales. Imagínese en los casos de femicidios”.
Un informe levantado por el Ministerio de Gobierno señaló que en septiembre de este año, los asesinatos se perpetraron con revólveres, repetidoras, pistolas, carabina y subametralladoras.
Por ejemplo, los ocho homicidios reportados en últimos tres días en Guayaquil se cometieron con armas de fuego.
En Pichincha, el presidente de la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria, Gustavo Ruiz, dijo que tener una dotación sí mejorará la seguridad.
Aseguró que hace un año y medio levantaron un estudio en 1 030 empresas y que 80% de socios está de acuerdo con esta postura. “No podemos responder ante un delincuente que tiene un revólver con un gas o con una pistola eléctrica”.
Con base en datos oficiales, los investigadores advierten que el 58,2% de 3 229 robos a locales registrados en el país de enero a octubre fue violento.
Hoy, cualquier propuesta para cambiar la normativa que regula el porte y la tenencia de armas deberá pasar por el Gabinete de Seguridad, presidido por Oswaldo Jarrín. “Cuando se respeta la estructura del Estado, hay que recurrir a los procedimientos estructurales que se tienen”, sostuvo.
