El 19 de diciembre pasado, más de 5 000 armas decomisadas por Fuerzas Armadas fueron destruidas en Guayaquil. FOTO: Ministerio de Seguridad / EL COMERCIO
Pistolas, revólveres, subametralladoras, carabinas, cartucheras, rifles, fusiles… Fueron 5 513 armas de todo tipo que los agentes decomisaron este año en operativos montados en el país y los fundieron en las instalaciones de Andec-Funasa, en Guayaquil. La tarea es parte de un proceso de destrucción de armamento para reducir los delitos a escala nacional.
Como resultado de esas incautaciones y controles de seguridad la tasa de homicidios se redujo en el país a 8 por cada 100 000 habitantes en el 2014. Este dato lo señala el Gobierno, pero todavía queda un problema pendiente, pues en las muertes violentas el uso de armas de fuego aún es alto. El último informe denominado Estado Global sobre la Prevención de la Violencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS), publicado a mediados de este mes, advierte que el 63% de homicidios registrados en Ecuador se producen con este tipo de implementos.
En investigaciones realizadas por la Policía y los militares se ha determinado que las armas tienen tres mercados ilegales en el país: la minería ilegal, los grupos irregulares de Colombia y la delincuencia común.
En el segundo caso, Quito es considerado un punto de paso del traslado hacia las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en la frontera norte, según la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (Unodc).
Los Frentes 29 y 48 del grupo subversivo se nutren de ese material, según Inteligencia. Los puntos principales de envío son Sucumbíos), Tulcán (Carchi) y San Lorenzo (Esmeraldas), así como los pasos ilegales que hay en la frontera entre las dos naciones.
En el tema de ladelincuencia común se encuentran las organizaciones delictivas, las cuales se abastecen de cargamentos provenientes de la frontera sur para cometer crímenes o asaltos violentos, según los investigadores. En el caso del intento asaltos a dos vehículos blindados, reportado en Sucumbíos, en noviembre pasado, los agentes decomisaron armamento de “calibre de guerra”: un fusil FAL, un AK-47, una ametralladora MAX y una subametralladora. Los uniformados no descartan que este grupo delictivo también se dedicaba a los crímenes con paga, es decir, al sicariato.
¿Cómo llegan las armas al país? La Policía ha establecido que, en unos casos, se movilizan través de transporte como encomiendas. Otras veces las llevan en vehículos particulares. Incluso se han detectado casos en los que se ha detenido a personas con granadas guardadas en varios cartones.
Pero el uso de pistolas, revólveres y fusiles para crímenes también es alto en América Latina. Así lo confirmó la italiana Simonetta Grassi, oficial jurídica y responsable del programa mundial de armas de fuego de la Oficina de Naciones Unidas (ONU). A su juicio, la circulación de material bélico “ayuda a fortalecer la organización de los grupos criminales”.
Agrega que las conexiones del tráfico con grupos criminales son “explosivas, muy peligrosas”, al igual que sus vínculos con el terrorismo. “El solo hecho de que esta región tiene las tasas más altas en el mundo de homicidios cometidos con armas es, de por sí, una razón suficiente para ver la problemática de una manera seria”.
El estudio de la OMS refiere que en la región hay un promedio de 28,5 homicidios por cada 100 000 personas y que en el 75% de muertes violentas se utilizaron pistolas, revólveres, carabinas, etc. Los países que reportan el índice más alto son Honduras, Venezuela, El Salvador, México y Belice.
En el caso mexicano, este país ocupa el quinto lugar en el tráfico de armamento y el Congreso de esa nación calcula que USD 127 millones anuales se gasten en la compra de equipos letales (fusiles, granadas, pistolas, revólveres, etc.). El 65% de los artefactos estaría en poder del crimen organizado, mientras que el 35% lo maneja civiles para su protección personal.
En contexto
Los militares decomisaron 17 000 armas durante operativos que los uniformados han realizado en el país. El artículo 4 de la Ley de Armas, Municiones, Explosivos y Accesorios, exige la eliminación de este material cuando es localizado en tenencia ilegal.