15 de 17 áreas del Cabildo contarán con menos recursos

El Concejo tiene previsto reunirse el jueves 22 de septiembre de 2016. Foto: Galo Paguay/ EL COMERCIO.

El Concejo tiene previsto reunirse el jueves 22 de septiembre de 2016. Foto: Galo Paguay/ EL COMERCIO.

El Concejo tiene previsto reunirse el jueves 22 de septiembre de 2016. Foto: Galo Paguay/ EL COMERCIO.

La realidad económica del país incide en las finanzas municipales. El proyecto de reforma presupuestaria que deberá aprobar el Concejo Metropolitano en esta semana plantea ajustes a la baja en 15 de 17 áreas de gestión.

La Comisión de Presupuesto procesará las observaciones del primer debate hoy (19 de septiembre de 2016), a las 14:00. Este procedimiento estaba planificado para el viernes pasado, pero no se concretó por falta de quórum.

En el proyecto de reforma, las principales reducciones se realizarán en unas planillas del Metro que no se cancelarán este año, en la Empresa de Hábitat y Vivienda, en Coordinación Territorial, en Educación y Deporte, en Cultura, en Seguridad, entre otras.

Los incrementos se evidenciarán solo en Movilidad y en la Administración General. Los recursos se destinarán para cubrir un déficit de la Empresa Pública de Transporte de Pasajeros, pago de expropiaciones, entre otros.

Todos los ajustes propuestos representan para el Cabildo USD 105 millones menos para lo que resta de este año. Es decir, el presupuesto pasará de 1 514 millones a 1 409 millones, según el proyecto de reforma analizado en primer debate.

Para cubrir la brecha de USD 105 millones se reorganizaron los recursos económicos de los 17 sectores, incluido el Metro. Se tomó en cuenta el nivel de ejecución presupuestaria (inversiones concretadas) de cada área y de las obras que están en marcha.

En función de esto se decidió que la modernización del Trole, extensión de la Ecovía al sur, intercambiador De la Granados, Metro, continúen.

En cambio, las intervenciones que todavía no arrancaban fueron diferidas para el próximo año. “A estas alturas resulta complicado contratar proyectos nuevos”, sostuvo Marco Ponce, presidente de la Comisión de Presupuesto.

Mediante estos ajustes se reducirán “pequeños” gastos. Por ejemplo, en Fiestas de Quito se considera realizar un desembolso menor al de años anteriores. Para organizar algunos eventos se buscará alianzas con la empresa privada, enfatizó Eduardo del Pozo, vicealcalde e integrante de la Comisión de Presupuesto.

Actualmente, la situación financiera del Municipio no está en su mejor momento. A diferencia de este año, en el 2015 la reforma presupuestaria tuvo un incremento de USD 38 millones. Entonces se pasó de 1 077 millones a 1 115 millones.

Ahora, por la recesión económica, el Gobierno central, los municipios, la empresa privada y la misma comunidad están afectados, expresó Víctor Hugo Albán, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha. Por esto, sugirió priorizar las obras y no afectar al bolsillo de los quiteños aumentando los impuestos.

Debido a esta realidad, Jorge Albán, concejal de Alianza País e integrante de la Comisión de Presupuesto, mencionó que la administración municipal tras modificar el presupuesto debería mejorar su equipo de trabajo, por los “malos” niveles de ejecución presupuestaria: 66% comprometido (por terminar) y 39% devengado (concluido).

La inversión de los recursos, según el edil de AP, se debería concentrar en proyectos sólidos y buscar mecanismos para modificar la cultura política. “En la baja recaudación está el resultado de su oferta de campaña: reducir multas e impuestos”.

Por su parte, Ponce señaló que la ejecución presupuestaria es baja en algunas áreas por asuntos contables. Los pagos no se hacen, mientras los proveedores no entreguen toda la documentación. “La situación no es tan dramática como la hacen ver”.

A la vez, agregó que en este año, las finanzas municipales se han visto afectadas por la reducción en la entrega de asignaciones por parte del Estado a los municipios, la baja en la recaudación de impuestos y también los retrasos en el pago de las transferencias del Gobierno central (aproximadamente USD 83 millones).

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