Sobre la consulta popular, ARE aclara que, aunque está a favor del proceso, está a la espera de que la Corte Constitucional emita un dictamen para analizar el pliego definitivo de preguntas. Foto: Archivo / ÉL COMERCIO
El movimiento Acción Regional por la Equidad (ARE), de Loja, hizo pública su posición de respaldo al presidente Lenín Moreno y a la consulta popular. Es una de las organizaciones políticas que siempre ha sido afín al oficialismo.
La agrupación está liderada por el alcalde lojano Bolívar Castillo y su vicepresidenta es la legisladora Verónica Arias, quien forma parte del Consejo de Administración Legislativa (CAL), en la Asamblea Nacional.
“El movimiento ARE por razones ideológicas decidió colaborar con la Revolución Ciudadana (…) nunca solicitó cuotas de poder ni posiciones burocráticas, aún cuando para poder alcanzar la Alcaldía de Loja y más representaciones seccionales se vio sometido a la necesidad de ganarle en las urnas a Alianza País y soportar el bloqueo ‘orgánico’ de los concejales de Alianza País que hacían causa común con la derecha y extrema izquierda en el cabildo” (sic.), reza el comunicado.
Además, agregan: “jamás hemos permitido que se utilice las instituciones del Estado como instrumento para fines partidistas”. Y que lucharon frontalmente por la candidatura del presidente Moreno, “en el afán de dar profundidad y corregir rumbos”.
Por este motivo la agrupación anuncia que “estamos por tanto listos a dar toda nuestra cooperación para la plena ejecución del plan de Gobierno que fue escogido por el pueblo, en medio de una campaña que siempre buscó la polarización del país” (sic.).
De igual forma advierten que “rechazamos la intensión de sectores interesados en caotizar al país polarizándolo en un debate ingenuo y simplón, como si se tratara de la confrontación personal entre el actual Mandatario y el exPresidente que como todo ciudadano tiene el derecho a expresar sus opiniones” (sic.).
Sin embargo, sobre la consulta popular, aclaran que, aunque están a favor del proceso, están a la espera de que la Corte Constitucional emita un dictamen para analizar el pliego definitivo de preguntas. Y piden que el combate contra el delito y la corrupción no se conviertan en un instrumento político, como en Brasil, sino que se lo deje en manos de los órganos de Control y la Función Judicial.