Los retenidos permanecieron hasta el domingo 6 de mayo del 2018 en la casa comunal del poblado shuar de Tayunts. Foto: Cortesía Gobernación de Zamora Chinchipe
Las autoridades de la Agencia de Regulación y Control Minero y del Ministerio de Minas anunciaron este lunes, 7 de mayo del 2018, que los controles contra la minería ilegal seguirán en el alto Nangaritza, en Zamora Chinchipe. Esta decisión se adoptó, tras el conflicto registrado el pasado fin de semana.
El sábado anterior, técnicos de ambas entidades realizaron un operativo en el sector de La Mariposa. En ese sitio encontraron una maquinaria pesada apagada, supuestamente de propiedad de la Asociación de Producción Kakaram.
De acuerdo con el informe, cuando intentaron colocar los sellos de clausura, la comunidad shuar reaccionó y retuvo a 21 funcionarios públicos y quemó tres de las cinco camionetas en las que se movilizaban.
Al día siguiente fueron liberados tras los diálogos mantenidos entre los dos grupos. Este lunes, el subsecretario del Ministerio de Minas, Wellington Agreda, explicó que la Asociación de Producción Kakaram -integrada por los miembros de la comunidad shuar Tayunts- tiene una concesión de 291 hectáreas en esa zona.
Desde el pasado 11 de diciembre está en trámite el permiso para operar en labores de pequeña minería y, ahora, está en etapa de subsanación. Es decir, se hacen ajustes en temas legales y técnicos, que son recomendados por el Ministerio.
Según Agreda, los socios recibieron la última capacitación el pasado 4 de mayo y con eso deben hacer los ajustes, como lo establece el Acuerdo 019 para la pequeña minería. Mientras, no tengan el acto administrativo (permiso) están incurriendo en actos ilegales, señaló el coordinador regional de Arcom, Marlos López.
Él señaló que supuestamente cuando llegaron al sitio del operativo, una persona abandonó la máquina y había huellas de trabajos. Según López, no es la primera ocasión que han encontrado a mineros laborando de manera ilegal en esta zona.
El gobernador de Zamora Chinchipe, Franco Salinas, dijo que el compromiso del Gobierno es frenar la minería ilegal. Además, que los mineros sean responsables con el ambiente y que generen bienestar a la comunidad. “No perderemos la responsabilidad de regular, vigilar y controlar las actividades como lo establece la Constitución”.
La Fiscalía abrió una investigación para ubicar y procesar a las personas que intervinieron en la quema de los vehículos. Los miembros de la asociación prefieren no hablar del caso.
