4 de August de 2009 00:00

El arbitraje y la seguridad regional son los objetivos del Ecuador en la Unasur

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Redacción Política

La reunión de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), prevista para el mismo día de la posesión presidencial, tiene claros objetivos.

El canciller Fander Falconí explicó ayer que el Gobierno ecuatoriano, al asumir la presidencia pro témpore de la Unasur, impulsará la creación de un centro de arbitraje alternativo al actual Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial. El objetivo es enfrentar demandas de empresas extranjeras.



12 países
son parte de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) creada en 2008.También se aspira a la instalación de un centro de asesoría jurídica para los 13 países que pertenecen a la organización regional. 

Para Falconí, la Presidencia pro témpore de la Unasur significa “el compromiso de fortalecer un espacio de coordinación de la integración latinoamericana, para contribuir al desarrollo equitativo de los pueblos, articular la cooperación internacional y la lucha contra la inequidad y la exclusión social”.

Está previsto que el 10 de agosto, fecha en que  se celebra el Bicentenario del Primer Grito de Independencia,  asistan al cambio de mando 11 mandatarios  que integran el organismo. Allí, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, entregará a Rafael Correa la dirección de la Unasur.

Los representantes de Brasil, Argentina, Chile, Perú, Venezuela, Bolivia, Paraguay, Guyana,  Uruguay y  Surinam han confirmado su asistencia. El único que no vendrá es el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, debido a las diferencias  diplomáticas que mantiene su país con el Ecuador.

Otro de los objetivos que el Gobierno ecuatoriano quiere alcanzar a la cabeza de la Unasur es el  fortalecimiento de los niveles de articulación de los consejos ya constituidos, como el  de Energía, Defensa y Salud. Asimismo, apoyar a la conformación de otros.

Ayer, Correa hizo énfasis en este aspecto, durante una entrevista radial con la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER). Allí dijo que lo principal es reforzar el tema de la seguridad en la Región y recalcó que la Presidencia de la Unasur es una oportunidad para iniciar nuevos proyectos. De paso señaló que en su nuevo período presidencial “se radicalizará la revolución ciudadana y habrá más apoyo a la economía popular, acceso a los agricultores a la tierra, defensa de las trabajadoras del hogar...”.

A la lista de proyectos para la Unasur se suma la creación de un sistema de evaluación propio para América Latina en el ámbito de la educación, el desarrollo de programas académicos y el establecimiento de un sistema universitario latinoamericano. “Si  no tenemos una educación de excelencia con niveles de evaluación y acreditación externa, tanto en programas docentes, como en programas de estudio..., será difícil  lograr saltos cualitativos en materia de desarrollo”, sostuvo el Falconí.

Previo al evento oficial, el 8 de agosto se realizará la XIX Reunión del Consejo de Delegados de los países miembros. El domingo 9, se reunirán los cancilleres para establecer consensos sobre la Declaración de Quito, cuyo texto final será suscrito el lunes 10. Las dos reuniones se realizarán en el hotel Swissôtel, en Quito.

El cambio de mando será a las 08:30, en la Sala Capitular de San Agustín, en el Centro Histórico de la ciudad, donde se firmó hace dos siglos el Acta de Independencia de lo que hoy es Ecuador.

Los principios
 
La Unasur tiene como base jurídica el Tratado Constitutivo suscrito por los Jefes de Estado de América del Sur. Este se dio en la ciudad de Brasilia, el 23 de mayo de 2008. 

Los principios de la Unasur otorgan prioridad al diálogo político, las políticas sociales, la educación, la energía, la infraestructura, el financiamiento y al medioambiente. Al acto del 10 de agosto asistirán Jefes de Estado y cancilleres.

Un centro de arbitraje alternativo servirá para que los países miembros puedan enfrentar, bajo principios de igualdad y equidad, demandas arbitrales realizadas  por inversionistas de otros Estados.

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