25 de abril de 2020 00:00

Aportes y cambios laborales tendrán ajustes

Ana Belén Marín, asambleísta de AP, interviene en el tratamiento de la Ley en la Comisión de Régimen Económico. Foto: Cortesía / Asamblea

Ana Belén Marín, asambleísta de AP, interviene en el tratamiento de la Ley en la Comisión de Régimen Económico. Foto: Cortesía / Asamblea

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Roger Vélez y Andrés García

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Las reformas laborales y aportes solidarios son los puntos más sensibles de la Ley de Ayuda Humanitaria. La Asamblea prevé realizar cambios al proyecto que impulsa el Ejecutivo.

Las objeciones no solo provienen de sindicalistas sino de legisladores de distintas fuerzas políticas que plantearon alternativas en la Comisión de Desarrollo Económico, donde se tramita el documento.

Incluso el viceministro de Trabajo, David Álvarez, decidió renunciar tras advertir que sería inconstitucional reducir 10% los salarios de los servidores públicos que cuentan con un nombramiento definitivo.

El presidente del Parlamento, César Litardo (AP), resaltó ayer que en esta Función existe “un buen ambiente de diálogo” y que “el consenso se centra en la necesidad de generar un aporte” para paliar la crisis.

“Evidentemente, se deben realizar las modificaciones y ajustar la ley para que esta sea más ciudadana, enfocada en que los que más tienen, más aporten”, sostuvo. Nadie habla de archivar el proyecto.

Para que la reducción de los salarios a los servidores públicos que ganan más de USD  1 000 al mes no sea inconstitucional, una alternativa es que el Estado cancele 90% en efectivo y 10% en bonos a tres años plazo, con 5% de rendimiento.

La asambleísta Wilma Andrade, de Izquierda Demo­crática (ID), hizo esta propuesta. “Así se evitan reclamos, el servidor público recibe un pequeño interés por lo que podríamos llamar como un préstamo y los bonos podría canjearlos, negociarlos o cobrarlos al cabo de tres años”, explicó Andrade.

El ministro de Finanzas, Richard Martínez, no se cierra a esta posibilidad. “Aquí hay muchos instrumentos, es complejo encontrar una única vía”, dijo en su momento.

El experto en derecho laboral Paúl Cáceres señala que la remuneración “no puede ser embargada ni disminuida”. Esta norma también rige para los trabajadores privados.

Patricio Donoso (Creo), vicepresidente de la Asamblea, durante la sesión de la Comisión de Régimen Económico. Foto: Cortesía / Asamblea

Patricio Donoso (Creo), vicepresidente de la Asamblea, durante la sesión de la Comisión de Régimen Económico. Foto: Cortesía / Asamblea


El jurista Jorge Zavala Egas manifestó que una ley no puede retroceder ni conculcar derechos, a menos que exista una necesidad. “Los derechos no son regresivos, no pueden retroceder, pero si hay justificación de lo indispensable de la medida la Constitución lo acepta lo acepta y lo justifica”.

Para ello se basa en el numeral 8 del artículo 11 de la Norma Suprema sobre los principios para ejercer los derechos.

“Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos”, indica el texto.

Así, Zabala Egas señala que el Estado no tiene impedimento para reducir las remuneraciones de los servidores públicos, e incluso el salario básico unificado. “Todo depende de la justificación”, puntualizó.

El jurista José Irigoyen recordó que otro principio que consta en la Carta Política es el de la intangibilidad de derechos. Considera que, apelando al bien común del Estado, hay los principios constitucionales para el ajuste.
“Se entiende que el sector público ya no ve el bien solo de los trabajadores sino de todo el Estado. Y si el Gobierno está en iliquidez, una de las alternativas es que se pueda disminuir la masa salarial para que funcione el Estado”.

Dos días antes de renunciar, el exviceministro Álvarez señaló en la Asamblea que si se acogería una modificación al sueldo de todos los servidores públicos, se deberían dar por terminados todos los contratos, pagarles una liquidación y firmar nuevos.

En lo privado, Cáceres advierte que se podrían presentar demandas por los acuerdos ministeriales de la emergencia sanitaria. “Hay casos en que se obliga a firmar una adenda, una reforma del contrato, aceptando una reducción de jornada, por lo que es obvio que se está aceptando una reducción de la remuneración”.

Richard Gómez, dirigente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), cree que una disminución de los salarios menoscaba la posibilidad de cubrir gastos, préstamos, etc.

El vicepresidente de la Comisión, Homero Castanier (Creo) y la correísta Doris Soliz plantearon,un incremento al techo para las contribuciones que el Ejecutivo propone para quienes perciben USD 500 al mes.

Castanier pidió que la base sea de USD 1 500, algo que el socialcristiano César Rohón concuerda que se lleve a discusión. Los recursos serían recaudados durante nueve meses, para una cuenta única.

Ayer 24 de abril del 2020 la Comisión empezó a redactar el informe que deberá ser presentado hasta el próximo martes, para el primer debate en el Pleno.

Castanier expresó su respaldo a que se flexibilicen las reglas laborales, que es otro de los nudos críticos. Este incluye mecanismos como el contrato especial de emergencia, reducción de la jornada laboral y acuerdo entre las partes.

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