Condenado a tres años de prisión y a una multa que el periodista Emilio Palacio no pagaría ni vendiendo los bienes y hasta a los guaguas, la sentencia condenatoria es apelable ante la Corte Provincial del Guayas. En el escrito de apelación, sin riesgo alguno podría usar el lenguaje del presidente de la República, Econ. Rafael Correa Delgado, utilizado en sus cadenas de los días sábados. Pudiese comenzar calificando la sentencia como estúpida, idiota, imbécil y basura, producto de una persona ignorante, bruta, tipeja, cheerleader. En la impugnación al contenido de la sentencia al calificarla como producto de una jueza limitadita, nefasta e insignificante; y, de una vez, estriñida y lela.
Ante el Superior (la Corte) argumentaría que una cosa es el ánimo de injuriar (ánimus injuriandi, en Derecho) del ánimo de crítica (ánimus criticandi) que elimina el dolo y, por consecuencia, el delito. No sería imposible que los jueces de la Corte tuviesen temor de cambiar la sentencia, porque el señor Presidente pudiera calificarlos de miserables, cachetones, caregiles, cavernícolas, cínicos, cizañosos y conspiradores; y que los “evaluadores” que deberán ocuparse de sus méritos para que continúen o no en el cargo, tengan materia para separarlos y enjuiciarlos.
Pero hay otro recurso si el de apelación no surte efecto: el de casación ante la Corte Nacional, antes Corte Suprema, por violación de leyes en la sentencia. Esos jueces ya no supremos, porque los “supremos” están ahora en el sector administrativo (como en el caso de Teleamazonas), en el evento de absolver a don Emilio Palacio podrían ser calificados de cavernícolas, caretucos, gallinazos, gente de la peor calaña, pelafustanes, que no sirven ni para un carajo; y, en el extremo, hasta vende patrias.
¿Qué dirá el porvenir? Ya lo veremos. Está cercano el terremoto de 100 grados Ritcher y el consiguiente sunami en la Función Judicial, para renovar los estamentos de la justicia.
Humano es pensar que un juez aspirará a ser escogido para Ministro de Corte; más factible todavía si el Tribunal calificador –al estilo del Consejo de Participación- le “da una mano” en las calificaciones.
De merecer esa ayuda podría contar, por anticipado, con unos 20 puntos de ventaja; y un día cercano de este mismo año tendríamos a la autora de la sentencia como Jueza de la Corte de Guayaquil; más todavía, como Jueza Nacional, en Quito puesto que no es ninguna “limitadita”.
Si utilizara estrictamente el vocabulario del señor Presidente Constitucional de la República, en caso de que alguien quiera sancionar, el apelante tendría un argumento fundamental para defenderse, proporcionado por el mismo señor Presidente: “¿Cuándo he utilizado una palabra soez? Palabra de Presidente. Es de uso libre y sin consecuencias ni reproches, ni tachas, ni nada.