La Sala de Garantías Penales de la Corte Provincial de Pichincha rechazó la apelación interpuesta por tres de los diez procesados por presunto tráfico ilícito de migrantes. Ellos fueron detenidos en el operativo Iliniza 2 que se realizó en Pichincha, Guayas, Carchi y El Oro, a mediados de este mes.
Según los jueces, no existe seguridad de que estos ciudadanos se presenten en las siguientes etapas judiciales. En la diligencia, la fiscal que maneja este caso argumentó que “existirían conexiones entre los procesados ecuatorianos con personas extranjeras, por lo que se podrían ausentar del país, evadiendo a la justicia”.
La Fiscalía investigó este caso durante cuatro meses. En ese tiempo se determinó –según la entidad- que los procesados “serían parte de un grupo organizado que se dedicaba a trasladar ciudadanos extranjeros provenientes de Asia. Utilizaban a Ecuador como país de tránsito y acogida, para finalmente transportarlos vía terrestre a Estados Unidos”.
También se estableció que la red delictiva supuestamente cobraba a sus víctimas entre USD 15 000 y 50 000 para viajar a EE.UU. Ese monto “habría sido cancelado por partes durante su traslado, hasta completar la totalidad a su arribo a Norteamérica”.
Para la detención se hizo seis allanamientos y se rescató a siete extranjeros. Cinco de ellos se encuentran en el Sistema de Protección a Víctimas y Testigos de la Fiscalía General.
El tráfico ilícito de migrantes está tipificado en el artículo 213 del Código Orgánico Integral Penal y establece una pena privativa de libertad de 7 a 10 años.