22 de September de 2009 00:00

La antiminería es el caballo de batalla de Salvador Quishpe

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Redacción Loja
politica@elcomercio.com

La correlación de fuerzas   en  Zamora Chinchipe no favorece al  Gobierno en su intento de  poner en vigencia la Ley de Minería, que aprobó  el ‘Congresillo’ en enero.

Los sectores contrarios a  la explotación a  gran escala  de esta actividad, que se promueve a través de esta Ley, están robustecidos con  Salvador Quishpe en la Prefectura. Este cuadro de Pachakutik es el  principal contradictor de la explotación  minera y, por ende,  un obstáculo para el Régimen. Las críticas de Quishpe fueron la plataforma de su  reciente  campaña. Con 18 000 votos ganó la
Prefectura, el 26 de abril. Sacó mil  más que el ex socialcristiano Franklin Delgado, fundador  del Movimiento Acción y Servicio (MAS), quien tiene  una   posición pasiva frente al tema.

A  Quishpe  le apoya  un sector  de la población shuar, mestizos, campesinos y los  indígenas saraguros. Este electorado, según  el analista Galo Márquez, sintoniza con su discurso crítico. Quishpe señala que   la minería a gran escala no respeta los derechos del agua, los derechos colectivos, los de  la naturaleza, la soberanía alimentaria, el buen vivir....

El Comité de Defensa de la Naturaleza, Salud y la Vida, del cantón El Pangui, es  la principal organización que  hace resistencia a la minería. Según su presidente Rodrigo Aucay, un paso importante en  su lucha  fue captar la Prefectura. “Ya lo conseguimos”.

Ahora trabajarán para que desde el Consejo Provincial se apruebe el Plan de Ordenamiento Territorial, una vez que su  ley salga de la
Asamblea Nacional. Con  este instrumento se  quiere impedir  la actividad minera en la Cordillera del Cóndor.

Si eso ocurre, la empresa Ecuacorriente (ECSA) no podría explotar cobre  en el sector Tundayme.  ECSA y  Kinross, que opera en  El Zarza,  cantón Yantzaza, quieren  iniciar la fase de explotación de cobre y oro  desde   2012.

Actualmente, sus actividades están suspendidas por el Mandato Minero que dictó  la  Constituyente  en   abril de 2008. A través de esta figura se revirtieron las concesiones existentes hasta esa fecha, para que la nueva Ley Minera las vuelva a regular.

Desde el comité que lidera Aucay hay el convencimiento de  que el  Plan  Territorial, en Zamora, pasará sin problemas.  Si bien Quishpe
no tiene mayoría a  nivel de consejeros (por ahora, controla tres de nueve escaños)  no descarta llamar a consulta popular.

Esta es la opción que más interesa al Prefecto. Para ello   empezó a crear asambleas a nivel  provincial y de cada parroquia.

En los  cantones, Pachakutik  tiene  14 concejales: un nexo importante con la población.

Otra organización que aviva el   espíritu antiminero es Zamaskijat, que agrupa a los indígenas saraguros y a la Federación de la
Nacionalidad Shuar (Fednash). Ellos se suman a la lucha liderada por el Comité de Defensa que han  organizado a un 60% de la población mediante asambleas.

No obstante, Aucay admite que en los últimos meses se ha sentido un  retroceso en la  convocatoria de  dichas asambleas.
Este paréntesis  ha sido aprovechado por el Ejecutivo. La Dirección Provincial de Minería no deja de  promover los  alcances de la Ley Minera entre la  población. Hasta ahora ha reunido a  600 personas de 25 comunidades.

Esta iniciativa tiene el apoyo de la  Cámara Provincial de Minería y de una  parte de la población shuar que, en el último año, se ha acercado a las   mineras  ECSA y Kinross, quienes buscan  el apoyo de las bases con la ejecución de obras  comunitarias y el respaldo político a los conflictos de tierras que este grupo indígena mantiene con colonos de la zona. 
 
 

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