Hace un año se concretaron trascendentes reformas legales con el objetivo de garantizar la seguridad de los ciudadanos en las vías y reducir el alto número de choques, atropellamientos, muertes y tragedias humanas y materiales que han convertido al Ecuador en uno de los países con mayor índice de accidentes de tránsito en el mundo.
Pero 12 meses después de que la nueva Ley entrara en vigencia, la evaluación es negativa porque conductores, peatones, pasajeros, empresarios del transporte masivo y autoridades nacionales y locales no han asumido sus deberes y derechos. Las cifras oficiales muestran la poca efectividad de la normativa, pues entre enero y noviembre de 2009 hubo 1 290 muertes en las vías, 3 091 conductores registran más de 30 puntos perdidos en sus licencias de conducir por contravenciones, la Policía encontró una serie de vacíos legales para sancionar y peatones y conductores expresan su malestar porque no hay cambios de fondo en el sistema.
No sería justo señalar como el elemento central del problema a la Ley de Tránsito o a quienes la aprobaron. Muchos ciudadanos aseguran que la legislación es severa y rigurosa, pero justa. Sin embargo, los obstáculos para que la normativa sea más eficaz sí tienen que ver con la gestión y la responsabilidad de las autoridades.
La demora en la expedición del reglamento y en la creación de juzgados de contravenciones es un elemento fundamental que entorpece la real puesta en vigencia de un sistema ágil y equitativo que recupere la credibilidad en la justicia vial. Pero tampoco sería pertinente omitir la responsabilidad de los ciudadanos al no comprender que la fortaleza de una cultura vial depende de todos los actores de la sociedad.