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Asamblea Nacional inicia su último año más fraccionada

La Asamblea Nacional aplica medidas de austeridad que se aplican en esta Función frente a la crisis derivada por la pandemia del covid-19. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO

La Asamblea Nacional aplica medidas de austeridad que se aplican en esta Función frente a la crisis derivada por la pandemia del covid-19. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO

En tres años se aprobaron 45 leyes y se tramitaron 22 juicios políticos. La posibilidad de muerte cruzada se desvanece. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO

La posibilidad de llegar a consensos entre las bancadas es cada vez más complicada. La Asamblea enfrenta su último año de mandato con un fraccionamiento más acentuado.

Elizabeth Cabezas, de Alianza País (AP); Vicente Taiano, del Partido Social Cristiano (PSC); y Luis Pachala, de Creo, ven improbable que se conforme una nueva mayoría para lo que resta del mandato.

Cabezas y el coordinador del Bloque de Integración Nacional (BIN), Eddy Peñafiel, sostienen que en este escenario mucho tiene que ver la cercanía de las próximas elecciones. 105 legisladores (77% del total) tienen posibilidad de reelección.

Taiano y Pachala lo niegan. Ambos dicen estar en contra de que se generen nuevos impuestos en medio de la crisis derivada del covid-19. Entre las alternativas proponen al Ejecutivo buscar financiamiento externo.

Para Peñafiel, las votaciones de la Ley Humanitaria y Ley para el ordenamiento de las Finanzas Públicas son decisivas. Si hasta mañana no logran consensos en el Pleno, podrían entrar en vigencia por el ministerio de la ley, es decir, tal como los formuló el Ejecutivo.

“A lo mejor habrá resquebrajamiento, divisiones o sorpresas producto de esta votación. Yo creo que algunos van a pensar en su partido político, otros, en el país”, añade el coordinador del BIN. Franklin Samaniego, del correísmo, descarta que su grupo pacte con AP.

El acuerdo que hace 12 meses le permitió al oficialismo conservar la Presidencia de esta Función con César Litardo y reorganizar las comisiones, no logró sostenerse más de nueve meses. Los 78 votos que juntó el oficialismo con Creo e independientes se diluyeron.

La independiente Mae Montaño apunta que el Parlamento pasó de “una aplanadora que aprobaba todo” en el anterior período, “a unas mayorías móviles en función de sus intereses”, en los últimos tres años.

“Ya se han visto cómo funcionan estas mayorías móviles, de aquí para acá en repartos, en cuotas políticas, inclusive hasta reparto de viajes al exterior, de comisiones ocasionales”, apunta.

Para la aprobación de leyes o resoluciones se requieren 70 votos de entre los 137 asambleístas. El PSC y el BIN creen que se debe replantear la agenda legislativa.

Entre las 45 leyes aprobadas en lo que va de este período, las más relevantes son las reformas al Código Integral Penal, al Código de la Democracia, a la Ley de Comunicación. También fueron derogadas la ley de plusvalía y el impuesto verde.

En cambio, la falta de consensos dilató la aprobación de otras como el Código Orgánico de Salud, que lleva siete años en debate. Las reformas a la Ley de la Función Legislativa, que debían concluir hasta abril, también se postergaron.

Además, la Asamblea tramitó 22 juicios políticos en 3 años, aunque solo tres terminaron en censura y destitución. Entre ellos, el que sacó de su puesto al presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Carlos Tuárez, y otros cuatro integrantes.

Hubo cuatro que quedaron en el “limbo” o sin resoluciones por la falta de votos. El último se dio en febrero contra la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, y provocó que Creo rompiera con AP.

Montaño, sin embargo, considera que “las cosas se han hecho a medias” y denuncia que al Parlamento le ha faltado hacer un seguimiento cuando los expedientes han sido enviados a la Contraloría y la Fiscalía.

“Un juicio político, si es que todo se queda en la impunidad no sirve para nada, o por lo menos no sirve para mucho, porque la idea es que estos elementos sirvan para profundizar las investigaciones, y que se llegue a determinar las responsabilidades y las sanciones”, apunta.

A partir de hoy la posibilidad de que se invoque a la “muerte cruzada” para el adelanto de elecciones se desvanece, pues la Constitución no permite que se lo haga en el último año de mandato.

“Es que ese nunca pudo haber sido un camino porque eso era irresponsable con la propia estabilidad interna. Simplemente la muerte cruzada sirvió como un mecanismo de presión ante la oposición a la tesis del Gobierno”, concluyó Taiano.

En tres años, la Asamblea tuvo tres presidentes. A Litardo le antecedieron sus coidearios Cabezas y José Serrano. Este último fue destituido tras un escándalo con el entonces fiscal general, Carlos Baca Mancheno.

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