Johana Vega acudió a PAE con una perra que rescató en Quitumbe. Foto: Jenny Navarro y María Isabel Valarezo/EL COMERCIO
La casa de los padres de Michelle Pazmiño, en la Ciudadela Rumiñahui, tiene ese olor característico que genera el pelo de perro mojado. Daría lo mismo si en el lugar no se oyeran en el fondo de la charla, los ladridos de 22 animales: mestizos,
schnauzer, collie, labrador… Igual, se sabría que allí se alberga a canes en la terraza y en seis cuartos de la propiedad.
Michelle, de 27 años, está al frente de Samay, organización de rescate y defensa de los derechos de los animales. Sus siete miembros son voluntarios y quieren convertirla en ONG, inscrita en el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES). Aunque cada uno tiene su trabajo, ella es socióloga y destina USD 250 al mes para el alimento de los perros.
En Quito, el activismo a favor de los derechos de mascotas es una labor de quijotes. Como colectivos, con vida en redes sociales, pero que jurídicamente no existen, hay unos 25.
Pero son más si se toma en cuenta a rescatistas independientes, según Urbanimal, Centro de Gestión Zoosanitaria de la Secretaría de Salud.
También es la cifra que reconocen voceros de Protección Animal Ecuador (PAE). Es la única que aparece en el registro del MIES. Se fundó y legalizó en 1984 como asociación. Y desde el 2005 con acuerdo 4883, es una entidad de derecho privado y sin fines de lucro.
El lunes, a una de las dos clínicas de PAE (Ulloa y Rumipamba) llegaron un señor con 10 gatos en una caja, que les dejó en la puerta, y dos mujeres, con perros en brazos, que rescataron. No esperaban que no los recibieran. Los esterilizaron, chequearon y les tomaron fotos que van a las redes sociales.
Quien halla un animal debe llevárselo hasta que alguien lo adopte. Johana Vega, de 20, se enteró del mecanismo y se puso a llorar. En su casa hay tres perros y su padre le exigió buscarle un sitio a la perra que rescató en Quitumbe.
La ONG tiene un centro de adopción en Alangasí y dos clínicas veterinarias, la de la Ulloa funciona en un local arrendado, y la de Tumbaco, en comodato. Ambas les permiten reunir fondos para pagar a 23 empleados y la manutención de los animales. En octubre, un déficit de USD 60 000 les llevó a una crisis, que superaron tras decidir no recibir a cuanto animal les llevan. El 10% de sus ingresos llega de donaciones de alimentos. Al mes, 150 animales a su cargo consumen tonelada y media de balanceado.
Lorena Bellolio, titular de PAE, no cree que el rescate sea la salida. Si pudiera haría que la esterilización fuera obligatoria. Practican de 5 000 a 10 000 anuales. Este año, Urbanimal hará 9 000, como en el 2014.
Lorena también prohibiría la reproducción en casas y en criaderos por cinco años mínimo; mejoraría y difundiría la Ordenanzas 048, de Tenencia y control de fauna urbana.
En la urbe no se ha hecho un censo de fauna urbana. Los activistas hablan de sobrepoblación. Fernando Arroyo, de Urbanimal, coincide con Roberto Rueda, presidente de la Asociación de Médicos Veterinarios Especialistas en Pequeñas Especies. Calculan que en Quito hay 400 000 perros. Más que abandonados, precisa el médico, son “perros puertas a fuera”.
La Agencia Metropolitana de Control, en el 2014, registró 480 denuncias por maltrato, venta informal, molestia a vecinos, animales de consumo y mordeduras.
Por eso, María José Cuesta, de 22 años, ayuda a animales maltratados y atropellados. En enero fundó Rescate y unidad por la naturaleza animal (RUNA), con ocho amigos. En El Inca alquila un terreno de 1 000 m2 por USD 120 al mes, que paga gracias al apoyo de Seguros Confianza. Refugia a 15 perros.
Cuesta y Carolina Redín, de 25 años, de Ecuador natural y defensa animal (ENDA), venden huesos para recoger las heces, en USD 3,50. ENDA tiene 55 perros y gatos para adopción. Su campaña ‘Recoge, no ignores’, está en YouTube. Otros grupos como Libera, con 30 activistas, actúan en la lucha por políticas públicas, según Carlos Realpe.
Video tomado de la cuenta de YouTube: EndaEcuador
Al igual que su par español Libera Quito cree en el ‘lobby’ político. Surgió en 2011, en medio de la pregunta ocho sobre la abolición de las corridas de toros, en la consulta popular. Hoy impulsa la inclusión de los animales en una Ordenanza, para atención prioritaria.