Las repetidas declaraciones de emergencia han dado escaso resultado y no logran, al menos hasta ahora, reducir de manera notable los índices y el promedio de criminalidad urbana. Tanto es así que algunas autoridades ya están hablando de la necesidad de ampliar el plazo de esas emergencias, pese a sus reducidos efectos positivos.
Las recientes y multitudinarias marchas por la paz y la seguridad en Cuenca, Santo Domingo y otras ciudades ecuatorianas revelan, justamente, la inefectividad de un sistema policial y judicial que no logra ajustarse a la realidad contemporánea. Como sabemos, existen innumerables factores y elementos que llevan a que la acción de la delincuencia se vaya convirtiendo en el principal problema de una sociedad.
El desempleo, el limitado acceso a la educación formal, la migración interna y externa de manera indiscriminada, entre los factores más importantes, convierten a la inseguridad en un grave indicio de una descomposición social que no solo es responsabilidad del actual Gobierno sino de todos sus predecesores. Pero un elemento que es importante poner sobre la mesa del debate es la pertinencia de viejos modelos estatales como el reforzamiento del número de uniformados para la Policía o el envío de militares armados a patrullar calles, avenidas y carreteras.
El Gobierno ha puesto especial énfasis en esos aspectos, al menos de manera temporal, a la espera de encontrar soluciones mediatas para resolver el desempleo, la pobreza, el hambre, la falta de recursos, etcétera; pero es evidente, por lo que se ve hasta ahora, que esta estrategia no ha dado resultado y que es el momento de sumar esfuerzos para que, en unión de la sociedad civil, se encuentren salidas imaginativas y de largo plazo.