El hombre de la gorra azul no entendía por qué la Policía lo había detenido mientras caminaba por la Diego Vásquez de Cepeda, en Carcelén, con una puerta en sus manos.
“Voy a vender esta chatarra para que me den algo de dinero”, explicaba a los uniformados mientras les pedía que lo dejaran libre. Su delito: haber sacado la estructura metálica de la parada Roldós, una de las nueve estaciones abandonadas que se construyeron hace más de 10 años entre La Ofelia y Carcelén con miras a ampliar el Corredor Central Norte.
La escena ocurrió el jueves 2 de marzo, a las 10:30. “Pero mire, si es pura basura”, decía el hombre de la gorra azul mientras señalaba el bien que intentaba llevarse.
Construir esa parada que hoy tiene las ventanas rotas y está destrozada le costó a la ciudad USD 39 920. En total, levantar las nueve estructuras requirió una inversión de USD 509 074. Fueron construidas en la administración de Paco Moncayo, en 2005, pero hoy están abandonadas: llenas de grafitis, oxidadas, sin puertas, con basura y hasta colchones.
Solo la parada que se levanta en la calle República Dominicana, junto al parque central de Carcelén, está en buen estado. Jorge Plúa es el guardia de la cancha sintética del barrio y como no tiene garita, utiliza la parada para escapar de la lluvia. En el resto de andenes, la destrucción es evidente.
En la parada Roldós, el olor obliga a los transeúntes a cubrirse la nariz y a los más temerosos a cambiarse de carril.
Diariamente, la Policía encuentra pordioseros y viciosos en el interior de los andenes. Los retiran del lugar y les piden que se lleven sus enseres. Sin embargo, el olor es desagradable y genera riesgos. Ana Mina, quien vive en Carcelén, recuerda que su hija fue asaltada por esas personas: “Piden que se les regale dinero y nos amedrentan”.
Maritza Aguinaga, vendedora en el lugar, comenta que las mismas personas que la utilizan como guarida fueron quienes quemaron la parada de la Roldós hace tres semanas.
Con ella coincide Gloria Simbaña, de 50 años, quien vende mote con fritada en la zona,. Cuenta que la situación era mejor cuando las paradas tenían guardianía, hasta mediados del año 2016.
Según la Empresa Pública de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop), desde junio del 2009, hasta mayo del 2015, el Municipio gastó USD 1,4 millones por concepto de seguridad en los andenes. Además, USD 5 009 por pago de servicios básicos como luz y agua.
Según la Epmmop, el 3 de junio del 2015 se firmó el acta de entrega, con la cual se pasó la competencia a la Empresa de Pasajeros de Quito. Este Diario envió una solicitud de información a la Empresa con un cuestionario de nueve preguntas y un pedido de entrevista el 21 de febrero pasado. Se insistió con seis llamadas telefónicas y un mail adicional. La tarde del lunes 6 de marzo del 2017, la Empresa dijo que no puede responder a “algo que todavía no está legalmente certificado”. Y que está esperando que le entreguen información con base legal para sustentar su respuesta.
Para Sergio Garnica, concejal miembro de la Comisión de Movilidad del Distrito, este problema no puede continuar. “No asume la responsabilidad ni la Empresa de Pasajeros ni la Epmmop. Vamos a tener que afrontar el tema desde el Concejo”, dijo y aseguró que las paradas son un activo de la ciudad y no pueden deteriorarse de esa forma, por lo que presionará a través de fiscalización para que se dé una solución definitiva.
Por su lado, Darío Tapia, secretario de Movilidad del Distrito, aseguró que convocará a reunión urgente para el martes al Gabinete de Movilidad con el objetivo de tratar el problema.
¿Por qué las paradas nunca sirvieron? Carlos Poveda, exgerente de la Empresa de Pasajeros, explicó que las paradas nunca tuvieron la demanda suficiente (tenían 50 000 usuarios aproximadamente), resultado de una mala planificación de transporte.
Además, los buses articulados de un sistema troncalizado no podían ingresar a calles angostas del barrio Carcelén, así que los andenes fueron modificados para que los usen buses tipo, pero debido a la ubicación de las paradas generaban problemas de tráfico y no tuvieron acogida.
Para Alfredo Viteri, experto en movilidad, esta es la tercera administración que debe lidiar con ellas y el alto impacto urbano que generan. La mejor solución, dice, es derrocarlas o, en el caso de aquellas que están en Carcelén, darles algún uso comunitario, como una biblioteca o un punto de encuentro para los jóvenes.
“Podrían ser retiradas y poner una zona azul que tanta falta hace en el sector”, recomienda y añade que es fundamental hacer una auditoría y una fiscalización a quienes las construyeron, ya que lo ciudad sigue pagando el costo de ese error.