La nueva reforma tributaria que el Ejecutivo envió a la Asamblea, la noche del viernes pasado, triplica la actual tasa del Impuesto a la Herencia y eso le dará más recursos al Fisco. No mucho, pero unos USD 40 millones más al año no le caerán mal a una caja fiscal necesitada de recursos.
Pero el tema de fondo de este aumento del Impuesto a la Herencia, según el Régimen, es cambiar la estructura familiar de las grandes empresas ecuatorianas, obligando a sus dueños a entregar al Estado hasta el 77,5% de sus recursos, a menos que decidan repartir su patrimonio entre sus trabajadores.
Este planteamiento, que el oficialismo lo ha bautizado como un capitalismo popular, está más cargado de ideología que de argumentos técnicos. La exposición de motivos del proyecto de ley no tiene un solo dato sobre el impacto general que causará esta medida en la economía nacional, los efectos sobre el ahorro, las inversiones, etc.
Durante las últimas dos semanas, el Gobierno ha venido ajustando un proyecto de ley que no estaba en su agenda y que sorprendió, incluso, a miembros de Alianza País. Esta iniciativa del Presidente de la República tampoco formaba parte del diálogo público privado, que arrancó en marzo pasado y que apuntaba a generar un clima de confianza para impulsar la inversión privada.
El cambio en las reglas del juego amenaza ahora con romper ese diálogo y dejar en el archivo proyectos de inversión privada.
56 gremios empresariales se pronunciaron ayer contra de la propuesta del Presidente, quien ha planteado el tema como una disputa de dos visiones ideológicas, donde el país será el que defina. Pero en la práctica la definición estará en la Asamblea, donde el oficialismo tiene la mayoría de votos.
Esta reforma marcará el desempeño de la economía en los próximos años. Sin embargo, el proyecto del Ejecutivo fue enviado con carácter de urgente, lo cual deja a la Asamblea con apenas 30 días para definir sobre el nuevo capitalismo, algo demasiado importante para ponerlo en manos del oficialismo.