La escena era conmovedora. Una madre de familia imploraba por la libertad de su hijo, un colegial que participó en las protestas del 17 de septiembre y que fue detenido tras los disturbios callejeros. La escena se volvió muy triste. Las cámaras de televisión mostraban cómo la señora se dirigía al Presidente para pedir perdón por la actuación del chico. El mensaje que transmitió esa escena terminó por volverse penoso. Tras él subyace la idea de la existencia de una persona, con el poder para absolver o castigar a alguien, por encima de los procesos administrativos o jurídicos. Durante la semana se sumaron más padres al pedido, pues la situación de los alumnos se agravó con la negativa a la solicitud de hábeas corpus que presentaron los abogados de los detenidos.
Estos pedidos de perdón y los de otros casos que se han dado durante este período presidencial, aparecen como la muestra más extrema de la excesiva ‘delegación’ de toma de decisiones por parte de una cada vez más creciente parte de la sociedad ecuatoriana al Ejecutivo. Hace un par de semanas, los banqueros lograron unos pocos -mínimos en realidad- cambios al Código que regula ahora a todo el sistema financiero, luego de una reunión dominical en el Palacio de Carondelet ya que las gestiones a otros niveles políticos resultaron poco eficaces. Otro caso que grafica lo que está pasando y que raya en lo patético es el de la dirigencia del fútbol que elevó al Presidente el clamor para que intervenga y ayude a enfrentar la crisis que envuelve a los clubes nacionales.
Por lo que se puede ver, en instituciones del aparato estatal impera la misma lógica.
Poco espacio de negociación tuvieron, por ejemplo, los involucrados en los fondos de cesantía privados para frenar en la Asamblea la aprobación de una ley que delega al Biess su administración. Aunque el proyecto fue presentado por un legislador oficialista, su destino estaba decidido en una instancia superior, la misma que había negado el perdón para los colegiales.