AMT intenta controlar a Uber y Cabify
Los autos sancionados permanecen por siete días en patios como el Bicentenario. Foto: Paúl Rivas/EL COMERCIO
La discreción en el servicio es su clave para evitarse inconvenientes, a la hora de transportar pasajeros. Los conductores que trabajan con las aplicaciones Uber y Cabify se cuidan de los operativos de control, para evitar sanciones.
Estas plataformas no implican una competencia con los taxis, según el gerente de Cabify en Quito, Daniel Arévalo. Y son un puente tecnológico entre usuarios y conductores, mas no un servicio de taxi, de acuerdo con Saulo Passos, de Uber para Latinoamérica.
Pero en la capital rige una ordenanza que prohíbe el uso de este tipo de mecanismos si no están homologados por la Agencia Nacional de Tránsito. La entidad de control solo otorga permisos a aplicaciones nacionales y que pertenezcan a empresas de taxis regularizadas en sus ciudades.
En Quito, los operativos de control de unidades informales son de dos tipos: fijos y móviles, explica el agente metropolitano Héctor Moreno.
Él forma parte de un equipo de 22 uniformados que a diario hacen operativos dirigidos a este tipo de servicios. Esto incluye sanciones a autos amarillos que circulen sin permiso de operación, autos de colores diversos que transportan pasajeros y cobran por el servicio y taxis regulares que trabajan en actividades no autorizadas.
Ayer, 18 de julio, montaron a las 09:30 un operativo de tipo fijo en las avenidas 6 de Diciembre y Río Coca. Con un patrullero, varias motos y conos naranja cercaron un carril en sentido norte-sur. Retuvieron a decenas de carros, para verificar que tengan matrícula y licencia.
En la jornada se retuvo a seis autos y los conductores los llevaron al patio de retención Bicentenario. En Quito hay 10 patios, que suman 2 170 plazas.
Daniel B. llamó a los dirigentes de su cooperativa, ÁguilasCar, para pedirles ayuda y evitar la sanción. Según el conductor, las unidades de esa agrupación están en proceso de regularización y pedía que no retuvieran su vehículo.
Otro se negó a llevarlo voluntariamente, por lo que los agentes recurrieron a una wincha. Este servicio tiene un costo de USD 15 por levantar el vehículo y USD 3 por cada kilómetro recorrido, entre el punto de detención y el patio municipal más cercano.
En ese operativo solo se retuvo a unidades que ofrecían servicios de taxirruta entre Calderón y la av. Naciones Unidas. Pero en estos y en los operativos móviles se ha retenido también a usuarios de estas ‘apps’, según los agentes.
En Quito, estos controles no se manejan de forma diferenciada. Se sanciona a todos los conductores que usen vehículos no autorizados para movilizar pasajeros y cobrar por el servicio, según el director, Fausto Miranda, sin separar a los afiliados a Uber y Cabify.
El personero municipal prefirió no revelar cuáles son las estrategias para detectar a los afiliados a estas ‘apss’ de origen estadounidense y español, respectivamente, pero confirmó que se adaptan mecanismos para evitar que estos servicios proliferen en la ciudad.
Cada conductor sancionado por esta causa pierde 10 puntos en la licencia y debe pagar una multa de dos remuneraciones básicas unificadas (USD 750).
Además, su vehículo queda retenido durante siete días. A esto se suma que el conductor debe pagar USD 3 por cada día que el auto permanezca en los patios de retención.
Lo fuerte y costoso de la sanción podría ser la causa para que el número de retenciones haya disminuido. Entre enero y junio del 2016 hubo 2 869 casos, mientras que en el mismo período de este año hubo 2 327.
Así como los agentes se las ingenian para detectar a conductores de estas ‘apps’, ellos tienen estrategias para evitar que los identifiquen.
En un recorrido en una unidad de Cabify entre la av. De los Shyris y la Plaza de las Américas, el conductor estaba atento a las señales de tránsito, pero también a los uniformados que aparecían en la ruta.
Cada vez que veía a uno, bloqueaba la pantalla de su celular, para que el agente no viera la aplicación. Puntualiza que, legalmente, un agente no tiene autorización para revisar su teléfono móvil. Además, a través del celular envían alertas a sus compañeros cuando se encuentran con un operativo en la vía. Así, ellos eligen otros caminos para llegar a sus destinos.
En su vehículo no hay nada que haga referencia a esta plataforma. Cuenta que cuando regala botellas de agua con el logotipo de la empresa, lo hace de forma discreta.
Gabriela S. y un socio tienen tres vehículos registrados en la plataforma. Ella asegura que la clave para evitar problemas es no hablar del tema. Si un agente detiene a un conductor, este no entrega el teléfono.
Hay una suerte de complicidad entre pasajero y conductor: si no se menciona la aplicación ni hay nada en el auto que haga alusión a ella, no hay forma de que reciba una sanción por su trabajo, según Gabriela.
En contexto
Cabify opera en Quito y Guayaquil desde hace un año y Uber lleva seis días transportando a personas en ambas ciudades. En la capital, los operativos para sancionar a estos conductores se hacen como parte del control de taxis irregulares, sin distinción.