Los tres jóvenes que causaron daños a un fotorradar en la avenida Manuelita Sáenz, la madrugada del sábado 17 de septiembre del 2016, fueron sancionados con dos años de trabajo comunitario en el cantón Ambato, en la provincia de Tungurahua.
Los jóvenes deberán participar en campañas comunitarias sobre responsabilidad vial y en contra del consumo de bebidas alcohólicas. Además, cada uno deberá cancelar la cantidad de USD 1 000 para el fondo de educación vial y solicitar disculpas públicas por el daño ocasionado.
Jaime Castellanos, gerente General de Safety Enforcement Seguridad Vial (SES), indicó que la empresa asumirá la reparación de los lentes, sensores, cables y las cámaras del equipo dañado que bordea los USD 20 000. El empresario indicó que la empresa asumirá los costos de los estudios de uno de los jóvenes que ocasionó los daños, para que termine el bachillerato; lo hacen -dijo- como responsabilidad social y como parte del acuerdo de conciliación al que llegaron ambas partes. “Hemos dialogado con los padres de familia y los jóvenes que cometieron el acto delictivo y la disculpas públicas a la ciudad ya se presentaron. El trabajo comunitario se iniciará desde noviembre y no será de todos los días”, informó Castellanos.
El empresario contó que ese día, los jóvenes se movilizaaban en horas de la madrugada a bordo de un automóvil rojo, iban a exceso de velocidad y fueron infraccionados por el fotorradar. En el video de las cámaras de seguridad se observa que al darse cuenta que fue registrada la infracción de tránsito regresan para cometer el acto vandálico. “En primera instancia se bajan dos personas del automóvil con una llave de tuerca tratando de golpear el lente de la cámara y al no poder hacerlo se suben hasta el lente para destruirlo con una palanca de hierro. Logrando romper el equipo para después alejarse rápidamente del lugar”, relató Castellanos.
El hecho delictivo fue denunciado al personal de la Dirección de Tránsito, Transporte y Movilidad del Municipio de Ambato, a la Policía Nacional y a la Fiscalía General del Estado. Debido al acuerdo de conciliación, los tres implicados no fueron sancionados bajo la aplicación del artículo 204 numeral 1 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Allí se indica que la persona que destruya, inutilice o menoscabe un bien ajeno será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años si por el daño provocado paraliza servicios públicos o privados.
El fotorradar es parte de un plan de control de velocidad que aplica la Municipalidad ambateña desde enero del 2015. Las multas por cada infracción pueden llegar hasta los $ 366 que equivale a un salario mínimo.