26 de September de 2009 00:00

Los amazónicos defienden su autonomía

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Reds. Nueva Loja y Política

Con la exigencia de que se garanticen recursos permanentes para la Amazonia, que las seis provincias constituyan una región autonómica y con un respaldo a las movilizaciones en contra del Régimen terminó la Cumbre Amazónica.

El encuentro se desarrolló ayer en Puerto Francisco de Orellana. Los 3 000 asistentes a la cita llegaron desde antes de las 10:00 al Coliseo de la Federación Deportiva Provincia de esa ciudad.

Junto a los prefectos, alcaldes, juntas parroquiales, también estuvieron representantes de varias organizaciones sociales.

La prefecta anfitriona, Guadalupe Llori  (Pachakutik), quien ganó las elecciones pese a que pasó nueve meses en prisión acusada de sabotaje, puso en la mesa de discusión una de las principales preocupaciones de la cita: la estabilidad de los recursos económicos para la región.

Las autoridades regionales sostienen que con la aprobación del Código Territorial, que se discute en la Asamblea, desaparecerán las preasignaciones, entre ellas la Ley 010, que entrega a la región un dólar por cada barril de petróleo que se explota. Son aproximadamente USD 200 millones anuales para las prefecturas, municipios y juntas parroquiales.

Llori se mostró enfática en proteger esos recursos. “Aquí no se van defender mentiras, aquí defendemos nuestros recursos y una autonomía necesaria”, dijo la dignataria al referirse a las declaraciones que, la víspera, realizó el presidente Rafael Correa. El jueves, el Mandatario estuvo en esa ciudad y dijo que la  “cumbre tenía el objetivo de defender los intereses de algunos dirigentes”.

Después intervino el prefecto de Sucumbíos, Oswaldo Grefa (PSP). Sus palabras fueron para aclarar que la cita no pretende desestabilizar al Gobierno, pero exige un trato preferencial para la región amazónica. “No dejaremos que nos arrebaten lo que nuestros antepasados nos dejaron. No hay que tener miedo”.

Asimismo, Sergio Chacón (PSP), Marcelino Chumpi y Salvador  Quishpe (Pachakutik) prefectos de Napo, Morona Santiago y Zamora Chinchipe, respectivamente, coincidieron en sus cuestionamientos al Código Territorial y a la Ley Minera, aprobada por la Comisión Legislativa. Sus argumentos son buscar favorecer a las empresas transnacionales entregándoles recursos.

Salvador Quishpe retomó la polémica por la supuesta supresión de la Ley 010. “No dejaremos que esos recursos, por los que tanto hemos luchado, se pierdan  por un proyecto territorial que no nos han consultado”.

Las autoridades también defendieron la tesis de que la Amazonia sea una región autónoma, conforme establece la Constitución. Y cuestionaron la nueva organización territorial,  propuesta por la Secretaría de Planificación y Desarrollo, que comprende la regionalización transversal -siete subregiones- del Ecuador.

También intervino el asambleísta por Sucumbíos Armando Aguilar (Alianza País). Él intentó explicar la propuesta de ley que planteó el Ejecutivo. Sin embargo, recibió silbatinas  de los presentes. El legislador se comprometió a hacer respetar los derechos de la región contemplados en la Constitución Política.

Antes de que concluya el encuentro se acordó respaldar las protestas que mañana iniciará la Conaie y se solidarizaron con la paralización de los maestros.    

Mientras tanto, el asambleísta Virgilio Hernández, quien preside la Comisión de Gobiernos Autónomos, que analiza el proyecto de Código Territorial, aclaró que en ningún momento se suprimirá la Ley 010. “He señalado que cumpliendo las disposiciones de la Constitución tienen que establecerse los recursos y asignaciones para los gobiernos seccionales y además las leyes 010 y 047”.

Recordó que esas leyes -y así lo ratificaron la viceministra de Finanzas, Carolina Portaluppi, y la Mesa de Gobiernos Autónomos, Competencias y Organización Territorial- “se mantendrán para garantizar las rentas para esta circunscripción de la patria”.

La Comisión trabaja de manera permanente y seguirá recogiendo y asumiendo las propuestas que se desarrollan en la sociedad. “El objetivo de la Ley es construir un país con equidad territorial, con justicia interterritorial, con plena autonomía de los gobiernos locales y, sobre todo, en que se pueda construir un país con solidaridad”, dijo Hernández.

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