12 de septiembre de 2018 00:00

Alza de diésel dejará USD 36 millones a la caja fiscal

La Subsecretaría de Acuacultura deberá hacer un registro de las embarcaciones para el cobro de las nuevas tarifas. Foto: Archivo / EL COMERCIO

La Subsecretaría de Acuacultura deberá hacer un registro de las embarcaciones para el cobro de las nuevas tarifas. Foto: Archivo / EL COMERCIO

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Redacción Negocios

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El incremento al precio del diésel industrial, que se anunció el lunes (10 de septiembre), fue una decisión acordada con los representantes de los sectores camaronero y pesquero.

La medida dejará un ahorro al Fisco de USD 36 millones al año, informó ayer Eduardo Jurado, secretario jurídico de la Presidencia de la República.
El monto aún es pequeño comparado con el rubro que destina el Estado para subsidiar la importación de diésel.

Entre enero y julio pasados, la subvención al diésel demandó USD 499 millones, más del doble que en iguales meses del año pasado, de acuerdo con ­datos del Banco Central del Ecuador (BCE).

El alza de USD 0,25 por galón para los sectores camaronero y pesquero y de USD 0,10 para otras pesquerías es solo una primera etapa de esta medida.
Jurado indicó que se irán haciendo nuevos ajustes al costo de este combustible, pero en función de la “competitividad” del país.

Bruno Leone, presidente de la Cámara Nacional de Pesquería, explicó que las conversaciones con el Gobierno empezaron hace tres semanas. El argumento presentado por los empresarios fue que la pesca y la acuacultura son actividades “extremadamente” sensibles.

“Por cada dólar de precio del diésel diferenciado que estábamos recibiendo del Estado entregamos USD 2,04 en impuesto a la renta, contribución a la participación de utilidades de los trabajadores, seguridad social (...)”, dijo Leone.

El directivo explicó que la propuesta del sector fue que se realice un incremento del 15% en el precio del diésel.

El Gobierno optó por un aumento del 30%. “Nosotros aceptamos ese planteamiento. Nos deja muy poco margen de maniobra, pero entendemos la difícil situación económica del país”, indicó Leone.

El Régimen, por su parte, se comprometió a trabajar en un programa de reconversión para que las camaroneras comiencen a utilizar energía eléctrica en lugar de diésel en la operación de sus piscinas.

Alza de diésel dejará USD 36 millones a la caja fiscal

El sector pesquero, en cambio, trabajará en mayor eficiencia. Según Leone, los empresarios dialogan con la Corporación Financiera Nacional (CFN) para abrir líneas de crédito y así avanzar en programas de renovación de la flota, que ya tiene más de 40 años.

José Antonio Camposano, presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA), explicó que en los diálogos se trató de buscar un equilibrio entre la necesidad del Estado por reducir gasto en subsidios, para lograr un balance fiscal y evitar que esta medida impacte a los sectores relacionados.

Camposano advierte que el alza no tendrá un mayor impacto en los costos de la actividad. La afectación habría ocurrido si se aprobaba un aumento a precios internacionales, dijo, y espera que el Gobierno trabaje en la competitividad del sector exportador a través del impulso a la actividad, reducción de la carga impositiva, programas de energía eficiente, entre otros.
Recordó que pesca y acuacultura generan una oferta exportable de USD 4 000 millones anuales para el país.

El ministro de Energía, Carlos Pérez, explicó ayer (martes 11 de septiembre del 2018) que el alza entrará en vigencia en las próximas horas, una vez que se firme el Decreto.

Un tema por resolver es clasificar a las embarcaciones en industriales y pequeñas, a fin de aplicar las nuevas tarifas según corresponda. El registro está a cargo de la Secretaría de Acuacultura, dijo Pérez.

El sector pesquero industrial demanda alrededor de 63 millones de galones de diésel al año y el camaronero de 58 millones.

Se trata de la segunda medida que el Gobierno toma para revisar el subsidio a los combustibles. La primera fue el incremento de la gasolina súper, desde el pasado 27 de agosto. El precio del derivado pasó de entre USD 2,30 y 2,34 por galón a 2,98. Con ello, se espera un ahorro de 120 millones.

Como medida de compensación, el Gobierno ofreció aumentar de 90 a 92 el octanaje de este derivado. La mejora de la calidad tiene un costo de USD 30 millones al año, según datos de Petroecuador.

El Régimen también había anunciado que se iniciará un diálogo nacional para revisar el resto de subvenciones a los derivados de petróleo. “Estamos a la espera del regreso de un par de ministros” para planificar las conversaciones, indicó Jurado. Aún no hay fecha.

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