El fiscal general (e), Alfredo Alvear, dijo ayer que no conocía el contenido del remitido de prensa que se publicó el 19 de enero en EL COMERCIO, sobre la muerte de Natalia Emme. “Yo no firmé porque estaba en el Guayas”, enfatizó.
Su nombre, junto al de otros 65 funcionarios del Ministerio Público, aparecen en el comunicado pero “ sin firmas”. Lo refirió ayer en el auditorio del edificio Patria, en la av. 12 de Octubre.
El 22 de enero, en ese mismo lugar, Elsa Moreno, directora nacional de Actuación y Gestión Procesal de la Fiscalía, ratificó el contenido del comunicado y dijo que hablaba en representación de “los 2 500 empleados”.
Ese día, incluso la acompañaron varios fiscales distritales, entre ellos Marco Freire (Pichincha) y Antonio Gagliardo (Guayas). “Cuando uno no ha hecho nada malo, no tiene nada que temer. Eso (el remitido) fue pagado con fondos de los mismos funcionarios a través de la Asociación. Todos los meses nos descuentan de nuestro sueldo 15, 20 ó 30 dólares; somos 2 000 funcionarios en el país”, señaló Gagliardo.
Pero ayer, Alvear manifestó que cada funcionario deberá responder por sus declaraciones. “Los sumarios administrativos que se abrieron contra todos los 65 funcionarios determinarán las responsabilidades”.
Solo una hora antes de que el Fiscal General (e) hablara sobre el remitido, en la Fiscalía de Pichincha se organizó una rueda de prensa, de la Asociación de Empleados y Funcionarios del Ministerio Público.
Blanca del Hierro apareció sola en el auditorio y anunció su renuncia “irrevocable” a la presidencia del gremio.
“Me someto al escrutinio de los 2 000 socios que conforman la Asociación a quienes he servido con lealtad, desinterés personal y honradez”. Del Hierro asumió la responsabilidad del contenido del comunicado.
Allí se dice que Aliz Borja, esposa del fiscal general Washington Pesántez, no manejaba el vehículo del Ministerio Público que segó la vida de Natalia Emme, el 14 de enero. Además, que la joven cruzó “intempestivamente por una zona no permitida al paso peatonal”.
Ante la “imposibilidad física de convocar a una asamblea general de socios, luego de las correspondientes consultas verbales y telefónicas, se resolvió la difusión del manifiesto”, justificó ayer Del Hierro. Ella seguirá en funciones en la Fiscalía de Pichincha.
La asambleísta de País, Rosana Alvarado, cree que los funcionarios de la institución “sacrificaron a Del Hierro, para salvar sus puestos”. “El arrogarse los nombres de otras personas es un delito, pero como son los mismos empleados del Ministerio Público los ofendidos, seguramente no habrá sanciones penales contra Blanca Del Hierro”.
En la Asamblea, agrega Alvarado, no se ha descartado el juicio político contra Pesántez y se está trabajando para concretar la destitución del fiscal generalWashington Pesántez.
Alvear, de su lado, anunció que también se abrirán expedientes administrativos contra los funcionarios que supuestamente trataron de influir para que el fiscal de Tránsito, Patricio Sosa, dicte la libertad de Aliz Borja, el día del accidente de tránsito.
Él avocó conocimiento en primera instancia de la muerte de Natalia y a través de una declaración notarizada dijo que Myriam Sánchez, Marco Freire, Washington Pesántez entre otros, le dijeron que Borja “era inocente” y que no tenía bases para detenerla.
Víctor Cevallos, abogado de la esposa del Fiscal General, aseguró que Sosa no siguió el debido proceso en el caso.