La semana anterior, en el Francés, se receptaron inscripciones. Sus dueños decidieron no cerrarlo. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO
Instalaciones privadas de al menos dos plantas, algunas con patio, dejaron de ser atractivas en sectores como la Ciudadela del Ejército. También en San Bartolo, Guamaní y La Mena, en el sur.
Para este ciclo 2014-2015, los padres prefirieron no pagar las pensiones, que eran de menos de USD 100. Registraron a sus hijos en planteles públicos como el réplica Mejía, inaugurado en Quitumbe el año pasado.
Por eso, centros particulares como el Jordan cerraron. Un rótulo con ese nombre y la frase “matrículas abiertas”, pintada en una ventana, recuerdan lo que fue. Hasta julio funcionó como una de las 992 instituciones particulares de Quito. Sandra Fajardo, madre de tres niños, pagaba una pensión mensual de USD 50 por su hijo Adrián Núñez, que cumplió 12.
Pero este año optó por inscribirlo en el sistema fiscal. Su hijo es uno de los 31 000 estudiantes, de segundo de básica a tercero de bachillerato, que dejaron instituciones privadas. Esta cifra corresponde al 37,87% del total de inscritos por primera vez en el sistema público en la capital.
Fajardo recordó que antes era difícil obtener un cupo en la Unidad Educativa Municipal Quitumbe. Era la opción pública para habitantes de la Ciudadela del Ejército. “Este año, la mayoría de compañeros de mi hijo se inscribieron en instituciones fiscales. Me imagino que por eso el Jordan cerró”, contó esta ama de casa, satisfecha porque su niño estudiará en las instalaciones de lo que fue el Ceibos School.
Esa es una de 13 infraestructuras de centros privados que cerraron en esta ciudad. Y que desde este mes serán usadas por alumnos del sistema fiscal.
El Ministerio de Educación las alquiló por ubicarse en puntos estratégicos en donde no existe suficiente oferta estatal. Esto hasta construir hasta el 2017, 109 unidades del milenio, 50 el próximo año. Cada una cuesta entre USD 5 y 6 millones. En Quitumbe se levantarán 10.
El Ceibos School es otro plantel privado que anunció que cerraría al finalizar el ciclo 2013- 2014 por falta de alumnos. Mayra Espinosa pagaba USD 65 al mes por la segunda de sus hijas, Alison, de 7 años. La mayor terminó la primaria en ese sitio. Y se graduó de bachiller en el Consejo Provincial.
A Espinosa le atrajo el Ceibos porque estaba cerca de su casa. Pero frente al cierre buscó oportunidades en lo fiscal y obtuvo un cupo en el réplica Mejía. “Es grande, bonito. El Ceibos estaba en una casa habilitada para escuela, no tenía canchas. Los chicos practicaban cultura física en el parque”.
Agustín Abad, taxista, quería que su hijo Jair, de 7 años, consiguiera cupo en cuarto de básica en el Mejía réplica. Pero está conforme con el Amiguitos del Sur, centro público que funcionará en lo que fue el Jordan.
Jair estudió desde primero a tercero de básica en el Jim Irwin 2, en el km 10,5 de la Panamericana Sur, en la Ciudadela del Ejército. El Irwin 1, en Caupicho, cerró. Su dueño no estuvo disponible para hablar. Hasta el año lectivo anterior, Abad pagaba USD 166 por su hijo y su hija. Ella estudió toda la primaria allí.
“Hay que romper con el mito de que lo privado es lo mejor”, comentó este padre. Él aseguró que la falta de oferta pública le obligó a mantener a sus hijos en instituciones particulares.
Señaló que por 30 años no hubo opciones. Y que su niño no tuvo la suerte de ingresar a la Quitumbe. Pero no se queja. “Si hubiera dejado a mi hijo en el Irwin debería pagar la pensión, más la inscripción, los útiles y los uniformes”. Dice haber ahorrado USD 500. Ya retiró los textos gratuitos.
Ni en el Ministerio ni en la Subsecretaría de Educación de Quito, dirigida por Dean Torres, tienen datos de cuántos planteles privados han cerrado este año en la ciudad.
Dicen que sus propietarios esperan hasta saber cuántos alumnos se matriculan para tomar la decisión. Él apuntó que centros que ofrecían “educación precaria, de muy mala calidad, con pensiones de USD 20, 30, 50” se instalaron ante la ausencia de oferta fiscal.
También aceptó que están en deuda con la población que busca lo público. Han identificado zonas marginales y periféricas que requieren el servicio. Ahí construirán unidades del milenio y colegios réplica.
En el plan constan Pomasqui, San Antonio, Nanegalito,
Guayllabamba, Llano Chico, etc. También hay déficit en Checa, Yaruquí, Pifo, Amaguaña, Alangasí. Mientras, habrá dobles jornadas, se aumentó la oferta, se construyeron aulas móviles y se alquilan edificios de centros privados que cerraron. Para este ciclo se compró el Liceo del Sur, en San Bartolo, que funcionó 16 años.
Según Torres, los dueños les dijeron que el lugar tenía capacidad para 2 000 estudiantes. Pero que en los últimos años no completaban 400. El Gerente no aceptó hablar con este Diario hasta concretar la venta.
El déficit de alumnos y la imposibilidad de subir pensiones sin cumplir con rangos establecidos por el Ministerio, que garantizan que el mayor porcentaje de la pensión cubra inversiones en lo académico, afectan en otros sectores. Un ejemplo es lo que vivió el Francés, ubicado en Pomasqui.
Brigite López, su gerenta desde julio, confirmó que estuvieron a punto de cerrar hace menos de un mes porque el valor de la pensión era simbólico. “Los dueños no han recibido un retorno (por la inversión)”, luego de 52 años de fundación.
Dicen que en 10 o 15 años podrán cobrar el doble de la pensión actual de USD 124. En julio terminaron con 518 alumnos. Hace 20 años tuvieron 1 200. Harán autogestión con los padres. Buscan asociarse con otros centros para no desaparecer.
En contexto
Fausto Segovia, exministro de Educación, recuerda que en los noventa, maestros que vendieron renuncias instalaron planteles privados con poca inversión. En el país rigen tres rangos para subir la pensión de 5 hasta 10%, si se cumple con invertir en lo académico.