Los dirigentes de la Fenoc y representantes de militares y policías retirados expusieron ayer sus demandas. Foto: Galo Paguay / El Comercio
La política de diálogo impulsada por el presidente Lenín Moreno enfrenta dificultades.
Los dirigentes de la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas (Fenoc) pidieron que se concrete una audiencia con el Mandatario hasta antes del jueves 29 de noviembre. De no recibir una respuesta del Ejecutivo, la Fenoc convocará a un paro nacional.
Fernando Samaniego, presidente de la Fenoc, aseguró que cuentan con el respaldo de unas 200 organizaciones sociales. El dirigente reconoció que participaron en el llamado Diálogo Nacional, impulsado por la Presidencia. Pero dijo que hasta el momento “no se ha solucionado la falta de atención a los agricultores”.
Los representantes de la Fenoc leyeron ayer un manifiesto que cuestiona las políticas económicas adoptadas por el régimen, así como la falta de empleo y la inseguridad ciudadana. En el documento se incluyeron 14 propuestas relacionadas con el fortalecimiento productivo en el agro.
Samaniego recordó que la Fenoc respaldó al Gobierno en la campaña por el sí en la Consulta Popular. Asimismo- dijo el dirigente- apoyaron la reinstitucionalización del país, a través del Consejo de Participación Ciudadana transitorio.
“Nosotros estuvimos en el diálogo, ahora exigimos que se escuche la voz del pueblo”.
Mario Umajinga, representante del Frente de Defensa de Indígenas y Campesinos de Cotopaxi, insistió en la problemática del sector lechero y aseguró que los agricultores registran pérdidas. El dirigente cree que “los mandos medios no informan al Presidente lo que ocurre en el país”. Es por eso que piden una reunión directamente con Moreno.
La amenaza de paralización de la Fenoc surge en medio del pedido de renuncia que hiciera Moreno a sus ministros de Estado, como parte de su evaluación anual. En esa línea, la Fenoc pide que se “descorreicen” las carteras de Estado y se dé paso a una renovación.
En las últimas dos semanas el diálogo planteado por el Gobierno ha sido blanco de críticas. Durante la marcha indígena por el agua, que arribó a Quito el 14 de noviembre, los dirigentes de la Conaie señalaron que no se han dado los resultados esperados.
Esa apreciación se replicó en los cierres viales protagonizados por gremios de transportistas en Carchi e Imbabura.
También en las protestas efectuadas por campesinos de Latacunga, así como en el bloqueo organizado por el movimiento de ganaderos y lecheros del centro del país.
Ayer, el secretario de la Política, Paúl Granda, se desplazó a Rumichaca, en Tulcán, para desactivar el bloqueo en el puente internacional que une Colombia con Ecuador. A pesar de los cuestionamientos, Granda defiende la segunda etapa del diálogo nacional. Dice que en esta fase se profundizará la participación ciudadana. “Pasamos a una democracia participativa en donde la gente ya no solo acude a votar, sino que participa activamente en la toma de decisiones”.
Para el analista y catedrático Marcel Merizalde, existe una convergencia de sectores sociales que no encontraron respuestas en el diálogo. El experto cree que las marchas de estudiantes, transportistas, campesinos y trabajadores agropecuarios surgieron porque no se sintieron escuchados. “Ven que no hubo resultados. Por eso se están volcando nuevamente a las calles”.