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Fiscalía: Mera y Duarte exigieron dinero a empresas

La fiscal general, Diana Salazar (centro), formuló cargos en contra de Mera y Duarte. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO

La fiscal general, Diana Salazar (centro), formuló cargos en contra de Mera y Duarte. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO

La fiscal general, Diana Salazar (centro), formuló cargos en contra de Mera y Duarte. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO

Alexis Mera y María de los Ángeles Duarte, exfuncionarios del correísmo, enfrentan una investigación judicial.

Tras la orden de prisión preventiva dictada por la jueza Daniella Camacho, Mera fue trasladado la madrugada de ayer a la Cárcel 4, ubicada en el norte de Quito. Hubo un fuerte resguardo policial.

En cambio, para la exministra Duarte, la magistrada dispuso el uso del grillete electrónico, la prohibición de salida del país y la presentación periódica ante una autoridad judicial, pues la jueza nacional consideró que ella tiene a su cargo un hijo de 8 años.

Ayer, durante una audiencia en la Corte Nacional que duró cuatro horas, la fiscal general, Diana Salazar, formuló cargos en contra de los exfuncionarios por el presunto delito de concusión. Según el Código Integral Penal (art. 281), ese delito es sancionado con cárcel de tres a cinco años.

La Fiscal afirmó que Mera y Duarte “abusaron” de su poder y dijo que desde sus cargos públicos como Secretario Jurídico de la Presidencia y Ministra de Obras Públicas “exigieron” aportes económicos a representantes de empresas como Odebrecht, a cambio de garantizarles contratos con el Estado. Según la Fiscalía, estos recursos fueron usados para financiar campañas y mítines políticos de Alianza País, que llevaron a Rafael Correa a la Presidencia en tres ocasiones.

En esta nueva investigación penal se tomó en cuenta la cooperación de Pamela Martínez, quien es procesada por asociación ilícita, cohecho y tráfico de influencias.

Ella rindió su versión de los hechos e indicó que en el 2013 recibió la disposición del expresidente Rafael Correa y del exvicepresidente Jorge Glas de entregar el dinero de las empresas a María de los Ángeles Duarte, quien tenía el cargo de directora provincial de Alianza País en Guayas.

Martínez también dijo que Glas le indicó que recibiría unos sobres de papel y que debía entregarlos a Mera.

La exasesora de Correa agregó que días después de esa conversación recibió sobres con dinero de parte de Geraldo de Sousa, exrepresentante de Odebrecht en Ecuador.

La fiscal general, Diana Salazar (centro), formuló cargos en contra de Mera y Duarte. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO

Otro de los indicios de la Fiscalía fue un cuaderno de 38 hojas que fue recuperado el pasado jueves durante el allanamiento a la casa de Martínez.
La pericia realizada a este cuaderno se incluyó en el expediente y fue presentado ayer durante la diligencia.

Allí se encontraron manuscritos en los que Martínez nombra a Mera y Duarte y usa las siglas VP para referirse al exvicepresidente Jorge Glas, y SP para “Señor Presidente”, según la fiscal Salazar.

Además, en estos escritos se detallan disposiciones de entrega y distribución de dinero para los ahora procesados. Por ejemplo, se menciona: “VP dispone registros de gastos de campaña a Mera y Duarte”.

Por eso, el viernes, durante un operativo policial, ambos fueron detenidos en Guayaquil y trasladados a la capital para que rindan sus versiones en la Fiscalía. Luego acudieron a la audiencia en la Corte.

La institución también presentó como evidencia un reporte del Servicio de Rentas Internas, donde consta la declaración de USD 211 111 que Duarte habría recibido de una empresa ecuatoriana en febrero del 2017. En mayo de ese año, a esa compañía se le adjudicó un contrato para hacer la fiscalización del Hospital de Durán, por USD 2,1 millones.

Diego Correa, defensor de Duarte, indicó que para emitir un criterio sobre la inocencia de su defendida debe revisar el expediente de la Fiscalía y analizar los indicios presentados.

Fausto Jarrín, abogado de Mera, indicó que su cliente es inocente y este proceso judicial es una “persecución política”. Además, el jurista dijo que la Fiscalía no tiene indicios concretos para acusar a su cliente. Jarrín anunció que apelará la orden judicial de prisión preventiva.

Alexis Mera negó haberse reunido con contratistas durante los 10 años del correísmo y, además, aseguró no tener dinero para huir del país.
La jueza Camacho dispuso la incautación y prohibición de vender bienes por un valor de USD 3,5 millones para Mera y de USD 2,5 millones para Duarte. La Fiscalía dijo que de esta indagación se pueden desprender otros ilícitos, como lavado de activos. Pidió también a la magistrada que se brinde protección a Martínez.

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