6 de noviembre de 2020 11:18

Alexandra Ocles es sometida a una audiencia por la fallida compra de kits de alimentos durante la emergencia por el covid-19

La exsecretaria del Servicio de Gestión de Riesgos, Alexandra Ocles, enfrenta un proceso legal por presunto tráfico de influencias en la fallida compra de kits de alimentos durante la emergencia sanitaria. Foto: Twitter

La exsecretaria del Servicio de Gestión de Riesgos, Alexandra Ocles, enfrenta un proceso legal por presunto tráfico de influencias en la fallida compra de kits de alimentos durante la emergencia sanitaria. Foto: Cortesía

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Ana Rosero

La exsecretaria de Gestión de Riesgos, Alexandra Ocles, enfrenta un proceso legal por presunto tráfico de influencias en la fallida compra de kits de alimentos durante la emergencia sanitaria.

La mañana de este 6 de noviembre del 2020 se instaló la audiencia en la que se definirá si la exfuncionaria va o no a juicio.

La investigación en este caso comenzó por un presunto sobreprecio en la fallida adquisición de 7 000 kits alimenticios.

El 1 de abril del 2020, Ocles firmó un contrato para adquirir estas canastas que iban a ser entregadas a población afectada por la emergencia sanitaria del covid-19.

Siete meses después de que arrancara este proceso penal, la Contraloría General entregó nuevos datos a la investigación.

El ente de control emitió un informe de 37 páginas. Allí determina que la extitular del Servicio de Riesgos sí firmó el contrato con un sobreprecio del 40,23%. El documento detalla que se firmó el convenio por USD 1 055 740 cuando debió pagar solo USD 706 790.

Los auditores hicieron una comparación entre el valor del contrato por cada kit frente al precio establecido en el mercado. Por los 18 productos de cada canasta se iba a pagar 150,82 más IVA, pero en realidad debía costar USD 95,17.

El informe detalla que se llegó a esa conclusión luego de que “un equipo de auditoría solicitara a varias empresas comerciales cotizaciones, obteniendo la proforma de una cadena de supermercados. También se consultaron diversas páginas web de empresas proveedoras de artículos de primera necesidad”.

Además, el Servicio de Gestión de Riesgos le adjudicó este contrato a un proveedor que ofreció los alimentos al doble o triple del precio del mercado.

La Contraloría estableció en el informe otras siete irregularidades más. Por ejemplo, el personal que estuvo encargado de comprar los kits no solicitó el desglose de los precios y tampoco hicieron un análisis pormenorizado de la oferta.

Además, el contratista modificó su actividad económica el día que envío la propuesta, para ser tomado en cuenta como proveedor.

“No se analizó de manera pormenorizada las razones técnicas, legales y económicas mínimas que debía cumplir el contratista para la ejecución del contrato”, detalla el oficio.

Ocles dijo que el Estado no fue perjudicado con el contrato, pues no se llegó a desembolsar ningún pago y los kits no fueron entregados.

Actualmente, la exfuncionaria tiene prohibición de salida del país y debe presentarse periódicamente ante una autoridad judicial. A ella se le investiga por un delito penado con cárcel de tres a cinco años. Esto lo establece el artículo 285 del Código Integral Penal. 

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