El 12 de agosto, una jueza federal prohibió que el gobierno central y el gobierno municipal de Río transfieran dinero al comité organizador Rio-2016. Foto: AFP
El alcalde de Río de Janeiro anuncio el 15 de agosto que apelará una decisión judicial que bloqueó la transferencia de fondos públicos al Comité Paralímpico Internacional para asegurar la realización de los Juegos Paralímpicos entre el 7 y el 18 de septiembre.
“Sería una vergüenza para Brasil no hacer esos Juegos”, afirmó Eduardo Paes en una conferencia de prensa, tras reunirse con el presidente del comité organizador, Philip Craven, y el director general, Xavier Gonzalez.
Según Paes, el gobierno municipal hará un aporte de hasta 150 millones de reales (unos USD 47 millones) si fuera necesario.
“La alcaldía es el garante de la Paralimpíada. Tiene una situación financiera saludable, paga sus cuentas y a sus funcionarios y tiene dinero en la caja. Hace tres semanas verificamos que el comité no tenía los recursos para cancelar algunas cuentas. Si hubiera necesidad, haremos un convenio para garantizar esos fondos ” , explicó.
El estado de Rio de Janeiro se declaró en situación de “calamidad pública” presupuestaria el 17 de junio, pero “la municipalidad está muy bien”, dijo Paes pocos días después del anuncio en una rueda de prensa, asegurando que los Juegos no serían afectados por la crisis financiera.
El 12 de agosto, una jueza federal prohibió que el gobierno central y el gobierno municipal de Río transfieran dinero al comité organizador Rio-2016 alegando falta de transparencia en la utilizacion del dinero.
“Vamos a dejar en claro en qué usaremos el dinero. El comité es una entidad privada que no sigue las mismas normas de transparencia que el servicio público. Los Juegos Paralímpicos son un ejemplo de superación en los deportes, pero no son un modelo de hacer negocios. No son tan atractivos (como los Juegos Olímpicos) y tienen más dificultades para vender las entradas. Pero firmé un documento que garantiza su realización”, señaló.
El comité Río-2016 ya había anticipado que apelaría la decisión judicial.
El presupuesto de la organización, que ha sufrido varios recortes por la recesión económica que golpea al país, cerró en 7 400 millones de reales (USD 2 317 millones).