Luis Amoroso, alcalde de Ambato, durante una rueda de prensa este 22 de junio del 2016. Foto: Glenda Giacometti / EL COMERCIO
“No es un borrador del informe emitido por la Contraloría General del Estado, sino un documento de resultados generados por el equipo de esa entidad, por lo que no tiene ningún valor”, dijo el alcalde de Ambato, Luis Amoroso, refiriéndose al documento que el concejal Robinson Loaiza hizo público el lunes 20 de junio del 2016.
Este refiere a que 13 personas, entre familiares y servidores públicos del Municipio de Ambato, se habrían supuestamente beneficiado, y sin un justificativo, con la eliminación de sus infracciones de velocidad registradas en los fotorradares instalados en diversos sitios de la urbe.
Amoroso aseguró que es necesario que la gente conozca que fue suya la propuesta de solicitar, a pocos días de asumir el cargo, a la Contraloría y posteriormente a la Procuraduría que se revise el proceso de contratación y seguimiento a la marcha del proceso del proyecto de los fotorradares que al momento está en funcionamiento.
“No le demos alimento a los politiqueros y a la gente que trata de causar daño a la municipalidad; más que al Alcalde. Estamos efectuando un trabajo honesto y transparente”, dijo Amoroso.
Mencionó que revisó todo el contenido del documento y es lógico que se dé la respuesta a los funcionarios de la Contraloría que intervinieron, para que igualmente ellos en lo posterior deban corregirlo. En la actualidad la Municipalidad trabaja en forma ordenada y se hacen las cosas bien.
“En los casos en los cuales exista desviaciones habrá que sancionar al funcionario y destituirlo de ser el caso. Hay que ir cumpliendo con todas las normas que la Ley Orgánica del Sector Público establece”, afirmó Amoroso.
Según él, pese a que no es un documento oficial, los funcionarios deberán mostrar todo lo contrario a lo que se está diciendo. El contrato no lo firmó el actual alcalde, sino la anterior administración y ellos responderán cuando lleguen las conclusiones verdaderas.
Contó que tiene una lista amplia de aquellos valores que se exoneraron y que con mala fe intentan mancillar el honor de algunos concejales, funcionarios y otras personas. Afirmó que son alrededor de 6 000 personas a las que rechazó el sistema informático, pero nada es oficial.
“Hay 16 funcionarios del GAD Municipalidad Ambato, 50 del Estado, 10 de la Contraloría y 10 profesores y funcionarios de la universidad que supuestamente incumplieron con la norma. No son datos forjador al azar, sino que son rechazos que recibió la parte”, concluyó Amoroso.