Militares y Municipio recorrieron ayer las afueras del Camal Metropolitano (Guamaní). Foto: Eduardo Terán / El Comercio
Han transcurrido 39 días desde que las autoridades de control decidieran realizar megaoperativos conjuntos en las siete parroquias de Quito que tienen más casos de covid-19. La tarea continúa.
Desde el 17 de julio, las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, agentes del Municipio e Intendencia se han desplazado a Guamaní, Belisario Quevedo, Chillogallo, La Magdalena, Centro Histórico, Cotocollao y Calderón.
El trabajo se enfoca básicamente en controlar que las personas usen mascarilla, que respeten el distanciamiento, que los dueños de negocios tengan permisos para funcionar y cumplan con medidas de bioseguridad. Otro objetivo es la seguridad: inspección de armas, fiestas clandestinas, libadores y toque de queda.
El teniente Andrés Camacho, de FF.AA., dirigió ayer un operativo en la feria libre ubicada junto al Camal Metropolitano de Guamaní (sur), la segunda zona más afectada
(1 514 contagios) luego de Chillogallo (1 940). Los efectivos comprobaron que la gente se aglomeró a lo largo de tres cuadras, donde se ubicaron los vendedores ambulantes.
Personal de la Agencia Metropolitana de Control (AMC) retiró y multó a los comerciantes por ocupar los espacios públicos. La Policía y militares también desalojaron a los libadores de las calles.
Camacho dice que en algunos sectores la gente sí obedece las disposiciones. No obstante, “todavía hay quienes se oponen y el mayor problema se presenta los viernes y los fines de semana”.
Con ese criterio coincide Hugo Vique, presidente del barrio Nueva Aurora, en Guamaní. Señala que de lunes a jueves hay pocos comerciantes informales, pero los fines de semana la zona es caótica y por momentos intransitable para los peatones.
Juan Zapata, director general del ECU-911, explica que Quito continúa como la ciudad en la que se registra el mayor número de alertas por aglomeraciones. Los datos de la entidad indican que las fiestas clandestinas, libadores y violación del toque de queda aumentaron.
Sin embargo, lo que se logró disminuir, según el funcionario, fue la tendencia con la que aumentaban esas conductas. En esto influyó la decisión de prohibir la venta de licor de viernes a domingo y la ampliación del toque de queda.
Comparado con el mes anterior a los controles, la tendencia de incremento de libadores se ubicaba en el 44% y bajó al 29%, entre el 24 de julio y el 2 de agosto. En cuanto a fiestas, el fin de semana del 17 al 19 de julio, el ECU-911 reportó 96. El siguiente fin de semana (del 24 al 26) hubo 48.
Empero, entre el 14 y el 16 de agosto se denunciaron 40 fiestas, es decir 23 más que la semana del 7 al 9 de este mes.
Zapata indica que el aumento ocurrió debido a que el viernes 14 se definió que el toque de queda y la prohibición de venta de licor seguirán. Estos datos, según el funcionario, fueron los que tomó en cuenta el COE para mantener la medida hasta el 31 de agosto.
César Díaz, secretario de Seguridad, señala que el mayor el problema de aglomeraciones se presenta en el Centro Histórico y La Magdalena. En el primer sitio se ha sancionado a 1 247 personas y en el segundo, a 221.
Zapata aclara que gracias al programa Distancia 2 (que se inició el 24 de junio) el ECU ha emitido 1 450 alertas de aglomeraciones mediante los megáfonos instalados en 200 cámaras de videovigilancia en Quito y en Rumiñahui.
Estefanía Grunauer, supervisora general de la AMC, indica que el balance de los 582 megaoperativos desplegados desde el 17 de julio es positivo.
La entidad ha iniciado procesos para sancionar a 2 552 personas. De ese total, 2 223 por mal uso o no colocarse mascarilla, 192 por libar en la calle y 137 por no guardar el distanciamiento. Además, intervino en 59 fiestas. La Intendencia de Pichincha también ha suspendido 294 eventos, entre los que se cuentan fiestas y reuniones clandestinas.
William Basantes, coordinador de la Confederación de Barrios del Sur, que representa a más de 1 000 vecindarios, cree que la ciudadanía ha entendido los riesgos del coronavirus y se ha acostumbrado a usar mascarilla y alcohol de forma permanente. Pero sostiene que es necesario que los operativos se intensifiquen durante todo el día.
Esteban Ortiz, investigador de salud pública de la Universidad de Las Américas, indica que el problema con las aglomeraciones se repite en varias ciudades de país. Sin embargo, en Quito este fenómeno es más evidente porque existe un mayor número de denuncias al ECU-911. Para él, las medidas de control interinstitucionales son indicadores importantes, pues se ven resultados en la disminución de la velocidad de contagios y en la cantidad de fallecimientos.
Daniel Simancas, epidemiólogo de la UTE, asegura que la estrategia de instalar carpas y desplegar brigadas médicas en los barrios ha permitido aislar a personas contagiadas que están en una etapa temprana de la enfermedad.