Afiliaciones no voluntarias en organizaciones políticas suman 54 957 denuncias

En la delegación provincial del CNE en Pichincha los ciudadanos pueden tramitar su certificado de apoliticismo. Foto: Roberto Peñafiel/ EL COMERCIO.

En la delegación provincial del CNE en Pichincha los ciudadanos pueden tramitar su certificado de apoliticismo. Foto: Roberto Peñafiel/ EL COMERCIO.

En la delegación provincial del CNE en Pichincha los ciudadanos pueden tramitar su certificado de apoliticismo. Foto: Roberto Peñafiel/ EL COMERCIO.

Si usted entregó sus datos personales y estampó su rúbrica en un documento, sin fijarse atentamente de qué se trataba, existe la posibilidad de que conste como adherente en alguna de las 279 organizaciones políticas vigentes.

Eso le ocurrió a Raphael Cisneros, de 30 años, quien no sabía que era adherente del movimiento Fuerza Compromiso Social. El ciudadano se enteró de su supuesta afiliación, cuando solicitó un certificado de apoliticismo en el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Este quiteño debía certificar que no pertenece a ningún partido ni movimiento, como parte de un requisito laboral. “Perdí tiempo en hacer el trámite y desafiliarme para obtener el certificado”, se lamentó.

Su caso no es el único. La semana anterior, decenas de jóvenes aspirantes a la FAE acudieron a la Delegación de Pichincha del CNE para certificar su apoliticidad. Sin embargo, más del 20% constaba como adherente del movimiento Unidad Popular.

En los pasillos de la delegación electoral se escuchan más testimonios de este tipo. Sebastián Espinel, por ejemplo, no se explica por qué aparece como adherente del movimiento Concertación. José Ávila, de 66 años, se desafilió de AP porque dice que la organización no lo representa.

El consejero electoral Luis Verdesoto dio una cifra que encendió las alertas en el CNE: alrededor del 80% de ciudadanos empadronados aparecería como adherente de algún movimiento. Es decir, aproximadamente 10,6 millones de ecuatorianos. El dato se desprende, explicó el vocal, de sumar todas las firmas de respaldo presentadas por las organizaciones políticas.

Ese porcentaje contrasta con el estudio Perspectivas de América Latina 2018: Repensando las Instituciones para el Desarrollo, que contó con el respaldo de la Organización de Naciones Unidas. Según el texto, el 77% de los latinoamericanos no cree en la honestidad de los procesos electorales.

Según el CNE, en los últimos 10 años hubo 26 098 desafiliaciones de organizaciones políticas. Y en ese mismo período se han presentado 54 927 denuncias de inscripción no autorizada. Así, en estos casos caben dos posibilidades sobre cómo se dieron esas afiliaciones: por calificación cuestionada de firmas y, por otra parte, las personas que dicen no haber estado al tanto de que al dar su rúbrica se convertían en adherentes.

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Sobre el primer caso, Edmo Muñoz, secretario del CNE de Pichincha, recordó que en el 2012, tras las denuncias de irregularidades en las firmas, todos los movimientos tuvieron que presentar otras rúbricas de respaldo. El proceso de verificación se efectuó con el sistema Controlcap, que recientemente fue observado por la Contraloría.

Muñoz, quien lleva 30 años vinculado a la función electoral, explicó que en el proceso de calificación de las organizaciones políticas, el CNE revisa las firmas y las coteja con las rúbricas de otras bases de datos. En julio pasado, el ente de control cuestionó la calificación de firmas de los movimientos Fuerza Compromiso Social, Justicia Social, Libertad es Pueblo y Juntos Podemos.

El otro caso es cuando las personas no se dan cuenta de que respaldan la calificación del movimiento. “Cuando vienen a pedir el certificado de apoliticismo me dicen que no saben por qué constan como adherentes. Entonces les pregunto ¿está seguro de que no firmó en algún momento, en la calle? Luego dicen que sí firmaron, pero que era para una encuesta”, comentó Muñoz.

Las personas que recolectan las firmas están sujetas a sanciones civiles o penales si se comprueba la falsedad o alteración de la información consignada en los formularios. El Código Penal, en el artículo 328, establece sanciones de 3 a 5 años de prisión, por falsificación y uso de documento falso. En el 2012, ya hubo sancionados por esta falta.

El analista Marcel Merizalde dice que el CNE es responsable de la situación, pues debía depurar sus procesos, aunque cree que algunas organizaciones también se valen de subterfugios para obtener firmas para lograr su personería.

Muñoz, secretario del CNE de Pichincha, recomendó revisar la parte superior de cualquier formulario que los ciudadanos reciben en la calle. Ahí constan las razones para pedir las rúbricas, el nombre del movimiento y la fecha en la que se plasma la firma.

El consejero Verdesoto propuso habilitar un portal en línea para que la ciudadanía revise su filiación, pero el organismo deberá hacer un análisis. Su colega José Cabrera planteó suspender la calificación de nuevas organizaciones hasta solventar las dudas sobre la veracidad de las firmas. Diana Atamaint, presidenta del CNE, ofrece que para las elecciones del 2021 habrá un nuevo sistema informático que podría solucionar el tema.

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