En la terminal terrestre de Carcelén, es común hallar a conductores que no están afiliados al Seguro Social. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO
El primer pronunciamiento se escuchó en Ibarra. Los dirigentes de la transportación dijeron que los choferes profesionales no están dispuestos a que se les “obligue” a afiliar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Aseguraron no tener suficientes recursos económicos y que los servicios que se oferta son de “mala calidad”.
Ahora, el presidente de la Federación de Taxis de Pichincha, Carlos Brunis, también dice que “es complicado” regular los seguros para los choferes que trabajan en este gremio.
De hecho, los taxistas de esta provincia prefieren recibir cada mes el dinero y no pagar al Seguro. Uno de ellos cuenta que diariamente las carreras le dejan USD 60. De ese monto, USD 45 son para el dueño de la unidad y 15 para los conductores. “Entonces es mejor que esa plata nos paguen”.
En el país, 345 000 personas trabajan como choferes profesionales de buses urbanos, interprovinciales, intraprovinciales, intercantonales, interparroquiales, carga pesada, taxis y camionetas. El IESS dice que a la fecha están afiliados 79 848, es decir, el 23%.
El Código Penal (art. 244) dice que el empleador que no afilie a sus trabajadores al Seguro Social dentro de los 30 días, contados a partir del primer día de labores, será sancionado con cárcel de siete a 30 días.
Entre los choferes es común hallar a quienes no cuentan con este servicio. Uno de ellos dice que no puede presionar por el riesgo a ser despedido.
El mismo temor tiene otro conductor, que revisa su bus antes de salir desde la terminal de Carcelén hasta Portoviejo–Manabí. “Yo tengo 50 años, a mi edad es muy complicado conseguir empleo”.
En los 30 años que ha manejado buses nunca ha tenido un patrono que le cubra el Seguro.
Por eso, ahora paga voluntariamente al IESS. Eso le ha permitido hacerse atender en los dispensarios, para poder controlar los triglicéridos. Hace dos meses ese cuadro le provocó mareos crónicos y fatiga, que le impidieron trabajar.
Óscar García, gerente de la cooperativa interprovincial Andina, asegura que desde el 2008, cuando entró en vigencia la Ley de Tránsito, en la empresa obligaron a todos los propietarios de buses a afiliar a sus choferes. Según el dirigente, cada mes revisan los pagos al IESS, para que puedan circular las unidades. De lo contrario, “no pueden salir a laborar”.
García habla de la necesidad de poner mayor control, para que la afiliación se cumpla.
Napoleón Cabrera, presidente de la Federación Nacional de Transporte de Carga Liviana (camionetas), señala que el 97% de sus unidades es manejado por los propietarios y que ellos pagan el seguro voluntario. “El otro 3% de choferes también recibe el pago del Seguro por medio de los dueños de las camionetas”.
En la Asamblea Nacional aún no se ha analizado qué pasará con la Seguridad Social de los conductores. Pero los legisladores manifiestan que si los choferes tienen reparos a este tema modificarán esa parte de la Ley “de acuerdo con la necesidad del gremio”.
Si hay cambios, el caso tendría que pasar al Ministerio de Trabajo y al IESS. Estas entidades serán las encargadas de reformar y controlar que los pagos al IESS sean acatados.
En la Legislatura, el primer debate sobre las reformas a la Ley de Tránsito todavía no termina. Por ahora, la comisión legislativa encargada de tratar este tema recibe propuestas.