Decenas de perjudicados por una estafa masiva llegaron la mañana de este 31 de agosto hasta la Fiscalía General del Estado, en el norte de Quito. Foto: EL COMERCIO
Hasta la Fiscalía General del Estado, en las avenidas Patria y 12 de Octubre de Quito, llegaron decenas de perjudicados por una estafa masiva. La mañana del lunes 31 de agosto del 2015 ellos aseguraron que todavía no recuperan el dinero entregado a una empresa ‘fantasma’ y piden celeridad a la justicia.
Según las denuncias, una empresa perjudicó a 5 300 personas en Ambato, Riobamba, Coca, Cuenca, etc. al venderles maquinaria que podrían alquilarla en campos petroleros, a través de sus contactos. Eso garantizaría a los nuevos dueños una buena remuneración.
Al principio, la empresa recibió cheques y transferencias bancarias por las máquinas, pero luego cerraba sus negocios solo con dinero en efectivo. Las personas recibieron documentos por la compra de la maquinaria, pero jamás la vieron y tampoco recibieron una compensación por el trabajo en la petrolera, tal como les habían ofrecido. Todos perdieron su inversión.
Cada máquina bordeaba los USD 15 000 y los compradores tenían que pagar USD 2 000 adicionales por el enganche para trabajar en la Amazonía ecuatoriana. Uno de los perjudicados es Raúl M., quien confió en los anuncios que salieron en la prensa y en la radio. “Todo parecía legal”. Él todavía no recupera su inversión, pese a que este caso data del 2014. Sostiene que puso el dinero para comprar dos máquinas. Cada una a un costo de USD 14 600. Nunca vio el dinero de vuelta. En su casa tiene toda la documentación de los contratos que firmó.
Otro perjudicado es Roberto C. Él ‘compró’ una soldadora por USD 15 000. Por eso, este lunes llegó a Quito para conocer sobre los avances en el proceso legal. El caso fue denunciado a la Fiscalía en febrero del 2015. En abril, agentes de Chimborazo investigaban a dos personas, quienes serían las propietarias de dos empresas supuestamente dedicadas al alquiler de vehículos, máquinas soldadoras y otros equipos a empresas petroleras que operan en la Amazonía.
Según las investigaciones, ambos recibían dinero en efectivo para una aparente importación de máquinas y camionetas de doble cabina y a cambio de invertir ofrecían pagar entre USD
1 000 y 2 000. También está detenida Lourdes M., quien tiene una sentencia de tres años por el delito de enriquecimiento privado. Ella presentó un recurso de casación. Los perjudicados piden que se detenga al esposo de la detenida que sería el principal implicado. También quieren que se extiendan las investigaciones en contra de los enganchadores que ofrecían el negocio.
El abogado William Aguaguiña representa a 400 afectados. Él pide que el caso se tramite en la Fiscalía en Quito, porque hay perjudicados en diversas partes del país. Según el abogado, no han recibido una respuesta expedita. Los acreedores buscan recuperar su dinero. “Aquí no se ha dado ninguna indagación previa. Solamente, con documentos, se han presentado las denuncias”, dijo.