En la audiencia que se realizó este 15 de octubre del 2015 comparecieron representantes legales del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae), Procuraduría General del Estado, y los accionantes de la demanda. Foto: EL COMERCIO
La acción de protección presentada por cuatro distribuidores de licores de la ciudad de Quito fue rechazada el día de hoy, 15 de octubre del 2015, por la juez Karina Torres Peralta en el Juzgado Primero de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Pichincha.
En la audiencia comparecieron representantes legales del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae), Procuraduría General del Estado, y los accionantes de la demanda.
El proceso legal se realizó como respuesta al plan de etiquetas fiscales puesto en marcha en abril del 2015, a través de la resolución 185 del Senae. Este sistema de seguridad aduanero obligatorio permitirá la identificación, el registro y la trazabilidad de la mercancía para “frenar el contrabando”, como lo explicó Esteba Servigón, subdirector de Apoyo regional de la Senae.
Durante la audiencia, que duró aproximadamente dos horas, los accionantes solicitaron tres medias cautelares: que la Senae tenga los mismos procedimientos para importadores como para distribuidores, que se extienda el plazo para poder regularizar sus licores y que se les permita colocar etiquetas fiscales a licores importados con tres a cuatro años de antigüedad. El plazo para regularizar la mercadería venció el 9 de octubre del 2015 y el pedido era que se extienda 180 días más.
“Muchos de los importadores a los cuales compramos el licor en cuestión ya no existen. Nosotros tenemos las facturas legales que demuestran las compras realizadas, que nos incauten eso es una violación de nuestros derechos”, explicó Eddy Castillo, representante del gremio de 25 distribuidores de licores de Quito.
Pero los accionantes no lograron demostrar que ningún derecho constitucional había sido violado. Mientras el abogado de la Senae y la representante de la Procuraduría probaron que legalmente la Corte Constitucional no es el canal correcto para este tipo de demanda, ya que el acto presentado era de carácter normativo y no administrativo, descalificando la acción de protección.
“La Senae les dio un plazo de seis meses para que regularicen el etiquetado tanto en las nuevas importaciones como en aquellas que estaban en stock. Pero esperaron hasta que el plazo venza para iniciar este proceso y nosotros no vamos a dejar que se etiquete licor de contrabando” agregó Servigón.
Hasta septiembre del 2015, solo 405 000 solicitudes para etiquetas fueron atendidas y desde el 12 de octubre esta cifra incrementó a 1 500 000. Por esta razón, actualmente hay una demora en el despacho de las solicitudes, que puede tomar entre 140 y 179 días, explicó Servigón.
Las etiquetas pueden ser escaneadas con un ‘smartphone’ por medio de un código QR. Tanto los usuarios como el servicio de Aduanas pueden asegurarse de que el producto fue legalmente ingresado al país. En la actualidad, según Castillo, existen
50 000 botellas de vodka, whisky, tequila y ron en Quito sin etiquetado fiscal.