La educación en el Ecuador es uno de los espacios más idóneos para la concertación. Desde inicios de los noventa, el diálogo de diversos actores estatales y sociales creó y propuso políticas públicas, algunas de las cuales se convirtieron en políticas de Estado, incluso varias de ellas son ejecutadas por el presidente Correa.
En la mesa de la educación en uno u otro momento se sentaron a departir y acordar a título individual o colectivo actores de los más diversos orígenes ideológicos, sociales y regionales: jóvenes y niños, maestros, periodistas, rectores de colegios y universidades, sindicalistas, indígenas, intelectuales, mujeres, empresarios, iglesia, políticos, ex ministros de educación, ONG, alcaldes, prefectos y cooperación internacional.
En los últimos siete años este proceso plural fue más intenso pero silencioso. Fue un aprendizaje colectivo con contradicciones, avances, retrocesos, lucha, en el que poco a poco se fueron decantado al menos dos conceptos centrales: que la educación es un bien público y estratégico de primer orden para el desarrollo nacional y para la realización personal, y que es un derecho humano fundamental que tiene que ser garantizado por el Estado en un marco de corresponsabilidad con la sociedad y la familia.
La capacidad de sentarse, acordar y de llevar adelante los compromisos en educación es un acumulado histórico político del Ecuador de extraordinaria potencia.
Es un fenómeno no concienciado aún ni por la sociedad ni por los propios actores y que algún día no muy lejano tendrá consecuencias benéficas en otros ámbitos, más allá del educativo.
En efecto, en el terreno de la educación se llevan a la práctica los acuerdos en temas como la universalización de la educación, el reparto gratuito de textos escolares, la alfabetización, la eliminación de los USD 25 en la matrícula, el Plan Decenal y la incorporación en la Constitución del 2008 de un conjunto de conceptos educativos trascendentes. Estos hechos no hubieran sido posibles sin el pacto, la persistente lucha ciudadana y el apoyo de autoridades sensibles.
En estas semanas se verá hasta dónde está vigente este proceso de madurez política.
En estos días un amplio y diverso sector ciudadano presentó para el debate a la Asamblea Nacional un proyecto de ley de educación que es una continuidad, en lo político y en lo conceptual, de todo lo anteriormente contado y es también una traducción creativa de la Constitución de 2008, que coloca al estudiante, niño, joven o adulto en el centro del hecho educativo y del nuevo sistema que iría más allá de las aulas y que se gobernaría con la participación de todos.
En 2002, cuando era alcalde de Cuenca, Fernando Cordero formó parte del Comité Promotor de esta iniciativa. Hoy, como presidente de la Asamblea, con seguridad la continuará.