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Siete acuerdos entre universidades y el Ministerio de Finanzas

En la reunión participaron Richard Martínez, Finanzas (segundo de izq. a der.); Adrián Bonilla, Senescyt; Jaime Calderón, directivo de los rectores; y Paúl Granda, Gestión Política. Foto: Daniela Cevallos/ EL COMERCIO

En la reunión participaron Richard Martínez, Finanzas (segundo de izq. a der.); Adrián Bonilla, Senescyt; Jaime Calderón, directivo de los rectores; y Paúl Granda, Gestión Política. Foto: Daniela Cevallos/ EL COMERCIO

En la reunión participaron Richard Martínez, Finanzas (segundo de izq. a der.); Adrián Bonilla, Senescyt; Jaime Calderón, directivo de los rectores; y Paúl Granda, Gestión Política. Foto: Daniela Cevallos/ EL COMERCIO

Las voces del sistema universitario fueron escuchadas. Durante seis horas, 22 rectores le explicaron al ministro de Finanzas, Richard Martínez, cómo operan, las diferencias entre presupuesto no ejecutado y comprometido en sus casos particulares y su drama con las compras públicas. Así consiguieron la meta: sus fondos no serán mermados en el 2019.

En 2019 recibirán USD 1 443, 04 millones. Es decir, lo mismo que este 2018. Uno de los siete acuerdos al que llegaron con Finanzas evita que pierdan USD 145,1 millones, como establecía la Pro Forma 2019, que deberá ser reformulada.

La cita, que se desarrolló entre las 20:00 del lunes y las 02:00 de ayer, la convocó la Asamblea del Sistema de Educación Superior, donde están las cabezas de universidades, politécnicas e institutos públicos y privados, que suman 111.

Jaime Calderón, rector de la Politécnica, preside ese ente. No podían -comenta- solo decirnos ‘malos administradores’ al comparar el presupuesto inicial con el devengado y gastado. Se relaciona con el sistema de compras públicas, que reiteraron no debería funcionar igual para este sector.

En este punto también tuvieron una respuesta favorable. En 90 días, el Servicio de Contratación Pública deberá habilitarles un régimen especial.

“Las universidades son entidades autónomas, su capacidad administrativa es parecida a la de un gobierno local. Aunque no es la misma, sí tienen una serie de obligaciones de sistemas públicos de gestión”, reflexiona Adrián Bonilla, titular de la Secretaría de Educación Superior (Senescyt).

Por eso le pareció importante la posibilidad de que rectores y el Ministro de Finanzas conversen sobre las diferentes necesidades administrativas que tienen. “Hay voluntad de encontrar soluciones, desde el Gobierno y desde el lado de los rectores”.

También se aprobó -subrayó- la apertura de cuentas corrientes, para que desde universidades y politécnicas se puedan gestionar los recursos de autogestión, como dice la Reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), vigente desde agosto del 2018.

Finanzas no ha adelantado cuándo enviará las rectificaciones en el presupuesto para la educación superior. Además, no se conoce si también escucharán las voces de otros sectores que piden que se respeten los recursos para la educación en todos los niveles.

Así, desde la Defensoría del Pueblo se recordó que la Constitución y los instrumentos internacionales exigen que se asegure la progresividad y no la regresividad en derechos humanos. Han observado -señalan- que en la Pro forma el presupuesto educativo no llega ni al 5% del PIB.

Y la disposición transitoria décimo octava de la Carta Magna dispone que el Estado asigne de forma progresiva recursos del Estado, para educación inicial, básica y bachillerato, con incrementos anuales de 0,5% del PIB.

En esa línea también el ministro de Educación, Fander Falconí, se ha dirigido al presidente Lenín Moreno. El viernes 16, en una carta le expresa sus preocupaciones por el impacto de la Pro forma 2019.

En gasto corriente, le escribe, existe una reducción de USD 198 millones con relación al monto codificado por su Cartera, al 30 de septiembre.

Eso implica, dice, no concretar el cambio institucional de la Secretaría del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe; reducir la protección de derechos de las niñas y adolescentes y el acompañamiento a víctimas de violencia en el espacio educativo. Además, no contar con recursos para asegurar a los planteles ni para su mantenimiento.

No se renovarán ni equipos ni mobiliarios depreciados. Tampoco habría que adquirir materiales de aseo y de oficina en las unidades educativas, “arriesgando la gratuidad de la educación pública”.

En inversión, precisa, existe una afectación de USD 221 millones, en Todos ABC de alfabetización, al desfinanciar el último trimestre del 2019, con lo que se perjudicaría a más de 200 000 personas. Aunque también Falconí destaca que pese a los recortes, se garantiza el pago del incentivo jubilar a 5 000 personas, la reclasificación de 4 000 administrativos y el ascenso de 20 000 maestros.

En contexto

En la Pro forma 2019, el presupuesto para las universidades tenía una reducción del 10% en relación al 2018. En su informe, la Mesa Legislativa de Educación observó incumplimiento de la transitoria constitucional sobre el 0,5% del PIB para el sector.