10 de octubre de 2018 21:38

Acuerdo sobre mediación escolar entre Judicatura y Arquidiócesis genera reacciones

El convenio tiene una vigencia de 2 años y puede ser renovado.  Foto: Tomada del Consejo de la Judicatura

El convenio tiene una vigencia de 2 años y puede ser renovado. Foto: Tomada del Consejo de la Judicatura

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Elena Paucar

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La firma de un acuerdo entre el Consejo de la Judicatura transitorio y la Arquidiócesis de Guayaquil, para promover la mediación escolar, genera el rechazo de grupos que trabajan con víctimas de delitos sexuales en el país.

El convenio se firmó ayer, 9 de octubre, y consiste en la implementación de centros de mediación en 29 instituciones educativas que son parte de una red arquidiocesana de la Iglesia Católica. El presidente del consejo transitorio, Marcelo Merlo, explicó que los mediadores podrán atender todo tipo de problemas relacionados con violencia escolar, incluso casos de violencia sexual.

“No son centros de denuncia”, aclaró Merlo. “Dentro del protocolo van a existir unos profesores responsables de identificar el problema que se está produciendo en el aula, los problemas que sean (entre ellos los delitos sexuales)”, aseguró.

Para Sybel Martínez no resulta oportuno un acuerdo de este tipo en un momento en el que la Iglesia ha sido cuestionada en el mundo por los casos de pederastia clerical. La directora del grupo Rescate Escolar, que da apoyo a víctimas de violencia sexual, presentó un pedido de explicación y alcances de dicho convenio.

“Que se haya reducido al estado laical a dos de los sacerdotes que han sido inculpados por estos temas, no quiere decir que la justicia ordinaria no tenga que intervenir, más bien tiene que hacerlo”, señaló.

El pasado 4 de octubre el Vaticano retiró el estado clerical a César Cordero, acusado de abusos sexuales a menores de edad en Cuenca hace más de 50 años. Antes, en julio, fue expulsado Luis Fernando Intriago por delitos similares contra colegiales en Guayaquil.

La Comisión Ocasional Especializada Aampetra de la Asamblea Nacional, que se conformó para analizar casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, detectó denuncias en 40 establecimientos religiosos y 15 religiosos detenidos por delitos sexuales.

“La violencia no puede ser mediada (…). Para mediar un conflicto hay que llegar a tiempo. Y eso implica conflictos no violentos, peleas o discusiones entre pares, sin afectación física ni emocional”, aclara Martínez.

El acuerdo entre la Judicatura y la Arquidiócesis cita que “la mediación escolar en las unidades educativas es una forma de responder a la necesidad de prevenir, promover y mitigar la conflictividad desde las aulas a fin de formar ciudadanos y ciudadanas que asuman su responsabilidad para resolver conflictos a través del diálogo, conforme a lo previsto a los principios y valores que fomentan las unidades educativas y el respeto al Código de convivencia”.

Agrega que, con esta propuesta, se espera que “Ecuador se constituya en un país pionero en la región y a nivel mundial en la aplicación de una política de prevención de conflictos a nivel escolar”.

El convenio tendrá una duración de dos años y proyecta abarcar a una población de “40 000 habitantes de zonas urbano marginales de Guayaquil, caracterizadas por una mayor vulnerabilidad”.

A más de Merlo, el documento fue firmado por el arzobispo de Guayaquil, Luis Cabrera; y el representante del Vaticano en el país, Andrés Carracosa. También fue suscrito por el expresidente Gustavo Noboa como testigo.

Clemente Pérez Negrete, abogado de víctimas de violencia sexual, puntualiza que los delitos sexuales no son susceptibles de mediación. Y recurre a dos artículos del Código Orgánico Integral Penal (COIP) para explicarlo.

El 348 habla de la mediación penal como mecanismo que permite el intercambio de opiniones durante el proceso, para confrontar puntos de vista, lograr la solución de un conflicto y proceder a una conciliación. Sin embargo, el artículo 663 aclara que se excluye la conciliación en cinco delitos puntuales, entre ellos los delitos contra la integridad sexual.

“La Iglesia ayudaría mucho, simplemente, denunciando a los sacerdotes y profesores a su cargo que tengan que denunciar. Ellos no pueden ser juez y parte”, mencionó.

Pérez también sugiere que la Iglesia transparente ante la Fiscalía General del Estado la información de los casos que suelen llevar a través de juicios canónicos. “Las personas han denunciado y los obispos les dicen que abrirán un proceso canónico, que es secreto y que termina cinco o seis años después en Roma con el retiro del estado clerical, cuando deberían ser detenidos para evitar que sigan cometiendo abusos”.

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