Activistas se concentraron en las afueras de la Corte Constitucional la mañana de este jueves 28 de abril

Activistas de los derechos de las mujeres llegaron con pancartas a los exteriores de la Corte Constitucional. Foto: Galo Paguay / El Comercio

Activistas de los derechos de las mujeres llegaron con pancartas a los exteriores de la Corte Constitucional. Foto: Galo Paguay / El Comercio

La Corte Constitucional revisa el artículo 150, numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal. Foto: Galo Paguay / El Comercio

Un piquete de policías de la Unidad de Mantenimiento del Orden se ubicó en la intersección de las calles José Tamayo y Lizardo García en donde funciona la Corte Constitucional (CC), la mañana de este miércoles 28 de abril del 2021.

Allí se concentraron para dar seguridad mientras el pleno de la CC debate sobre las demandas de inconstitucionalidad del artículo 150, numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), el cual establece que el aborto por violación es legal únicamente para las mujeres con discapacidad mental.

Son siete las demandas que las organizaciones feministas, de derechos humanos y la Defensoría del Pueblo han presentado a la Corte. Estas señalan que la redacción del artículo 150, numeral dos del COIP es discriminatoria y deja de lado a las mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia sexual, que aunque no tienen discapacidad mental también sufren las consecuencias de un embarazo no deseado producto de violación.

Colectivos feministas y pro vida se dieron cita a ese lugar para exponer sus argumentos frente a ese tema. Llegaron con pancartas, megáfonos, banderas y tambores. Los policías antimotines los separaban para evitar cualquier clase de enfrentamientos entre ambas partes.

Nadie respetaba los distanciamientos, solamente utilizaban mascarillas de diferentes colores. Algunos manifestantes utilizaron visores de protección facial.

En las pancartas se leía: “Estar a favor del aborto no significa abortar”, “Decidir es nuestro derecho”, “Son niñas, no madres”, “Estado laico, saquen sus rosarios de nuestros ovarios”, “Despenalización del aborto ¡ya!”, “La vida no se debate, se defiende”, “¡Vamos por la vida!”, entre otros.

Virginia Gómez de La Torre, de la fundación Desafío, manifestó que el objetivo principal es que se despenalice el aborto en casos de violación. A su juicio, Ecuador es un país en el que se vive una cultura de violación y cada año 4 000 niñas se embarazan producto de abusos sexuales incestuosos. “Desde la Coalición de Mujeres hemos trabajado desde el año 2018 y la Constitución del 2008 para defender el derecho al aborto terapéutico”.

Destacó que los colectivos feministas introdujeron las primeras demandas inconstitucionalidad para que la CC defina el tema. En ese contexto -acotó la activista- la CC “debe liberar los úteros que están secuestrados, úteros embarazados que no quieren continuar con ese embarazo. Las mujeres violadas son víctimas que necesitan una reparación integral y que el Estado les brinde protección”.

Ximena Cabrera, directora nacional de Prevención de Violencia contra las Mujeres de la Defensoría del Pueblo, manifestó que alrededor de 20 colectivos se organizaron para acudir hoy a las inmediaciones de la CC y luchar por sus derechos.

Activistas de los derechos de las mujeres llegaron con pancartas a los exteriores de la Corte Constitucional. Foto: Galo Paguay / El Comercio

Ella y otras dirigentes esperan hoy una respuesta histórica por parte del Estado. “Mi posición ante los grupos anti derechos es que deben tener un enfoque de derechos humanos cuando se piense en la vida”.

“Además, miles de mujeres y niñas se encuentran en peligro porque dan a luz niños producto de violaciones. Lo más preocupante es que el agresor, en la mayoría de casos, se encuentra dentro del ámbito familiar. Con eso hablamos de la perpetuación de la violencia cuando se permite embarazos no deseados que se dan luego de agresiones sexuales”.

Activistas pro vida también se hicieron presentes en los exteriores de la Corte Constitucional. Foto: Galo Paguay / El Comercio

Para los dirigentes de los grupos pro vida, los nueve jueces de la CC no pueden decidir por un país. María José Luna, directora de la Clínica de los Derechos Humanos de la Universidad Dos Hemisferios, indicó que se debe defender la vida en todas las condiciones y el respeto a la ley.

Gerson Almeida es representante de los colectivos pro vida de 24 provincias del Ecuador. Explicó que ya se ha debatido el tema en la Asamblea Nacional y se dijo “no al aborto”, lo mismo en el Código Orgánico de la Salud. “Lo que hoy se pretende hacer es inconstitucional”.

A su juicio, las penas por violación deben endurecerse. “Alistaremos solicitudes de nulidad si se da paso a lo que pretenden los grupos feministas en la CC”.