Este martes 2 de julio del 2019 se realizó la audiencia de apelación a una Acción de Protección a favor de la fábrica de acería Xinlong. Foto: Mario Faustos / EL COMERCIO
Los comuneros de la parroquia Roberto Astudillo insistieron en que la acería china Xinlong no debe operar en esta zona agrícola del cantón Milagro (Guayas).
Durante la audiencia de apelación a una Acción de Protección a favor de la fábrica, el abogado del GAD parroquial, Paúl Desamblanc, argumentó que se debe mantener la prohibición del uso de suelo para actividades industriales como resolvió el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). “Mis clientes son los afectados con esta actividad industrial, por el ruido, contaminación ambiental y fuentes de agua”, señaló. Y solicitó que se mantenga la resolución de que esa zona es de uso de suelo de agrícola y no industrial.
La diligencia se realizó la mañana de hoy martes 2 de julio del 2019, en la una sala de la Corte Provincial de Justicia del Guayas.
El MAG y la Procuraduría apelaron una resolución de la jueza Mónica Caicedo, de la Unidad Judicial de Garantías Penales con competencia en delitos flagrantes de Guayaquil. Ella había aceptado el recurso. Y el 8 de mayo del 2019 resolvió a favor de la acería y dejó sin efecto la resolución del MAG porque supuestamente vulneró los derechos de la acería.
Hoy las dos entidad publicas solicitaron suspender esa resolución judicial y mantener la decisión del MAG.
En tanto Curro Samaniego, abogado de la acería, pidió respetar el fallo de la jueza y argumentó que se había vulnerado el derecho al debido proceso de Xinlong. El representante de la acería, Yao Jinshui, quien presentó la Acción de Protección, estuvo en la audiencia y al final increpó al abogado de la comuna.
La audiencia se realizó en la una sala de la Corte Provincial de Justicia del Guayas. Foto: Mario Faustos / EL COMERCIO
Según Samaniego, desde diciembre del 2018, cuando la fábrica fue clausurada por supuesta defraudación aduanera, prevaricación laboral y lavado de activos, ha existido “una persecución”.
Señaló que hasta ahora no se había resuelto nada en contra de su representada y todas las acusaciones han sido desvirtuadas. Dijo que el Ministerio de Trabajo ya autorizó que pueda laborar, una vez que legalizó la contratación de los 35 empleados.
Reconoció, durante la audiencia, que la industria había incumplido algunas normas mientras se construyó, pero que posteriormente tramitó todos los permisos y ha pagado multas por más de USD 100 000.
Desamblac argumentó que todos los trámites se realizaron “en un ambiente de irregularidades”. El MAG inicialmente negó el permiso de uso de industrial porque era zona agrícola, pero luego lo cambió a favor de la acería el 14 agosto del 2018. Esa autorización fue otorgada por un Subsecretario encargado. Y fue el 18 de enero del 2019 que se emitió otra resolución de que esas tierras sólo son agrícolas. Esta última decisión es la acería argumentó que vulneró sus derechos y la dejó en supuesta indefensión.
Los jueces de la Sala tienen 48 horas para emitir el fallo.