El discurso del oficialismo fue unificado y giró alrededor del “abuso” de la acción de protección, una de las garantías jurisdiccionales que la Constitución contempla. Pero los argumentos presentados por cs no fueron suficientes para lograr que ese cambio sea introducido en la Carta Política con un trámite en el Legislativo, de mayoría oficialista.
La Corte Constitucional (CC) dictaminó que una limitación de la acción de protección se puede realizar solamente a través de una Asamblea Constituyente. Para eso, debe realizarse una consulta popular que convoque a los constituyentes, algo que Alexis Mera, secretario jurídico de la Presidencia, descarta de momento.
Mera fue uno de los principales impulsores de este cambio en la Constitución. En la audiencia pública dentro del trámite de las enmiendas, dijo que la propuesta no implicaba una regresión de los derechos sino la búsqueda de la restricción de un abuso en esa garantía.
Ahora, frente al fallo, dice que el Gobierno seguirá trabajando “paso a paso para tratar de controlar esos abusos”. Mera señala que el dictamen de la CC estipula que cada fallo en una acción de protección puede sancionar también el abuso de esta figura.
Los magistrados de la Corte dedicaron 15 páginas para evaluar la propuesta de Alianza País sobre la acción de protección, que planteaba que se incluya una frase que diga: “La ley regulará los casos en los cuales se abuse de esta acción y por lo tanto pueda ser inadmitida”.
Con esto, según la argumentación del fallo, Alianza País estaba buscando que se limite la acción de protección para su admisión, es decir, antes de que sea analizada por un juez.
La argumentación también señala que es necesario analizar la jurisprudencia y cita un fallo de la Corte de transición, que dice que se requiere verificar las circunstancias de cada caso para evitar “su abuso y desnaturalización”.
Sin embargo, para el jurista Ramiro García Falconí, lo que señala Mera no es correcto. “Esa es una lectura equivocada y que evidencia mala fe, pues se está tratando de usar la decisión de la Corte a fin de justificar que se amedrente a los abogados que proponen acciones de protección”.
A criterio de García Falconí, la decisión sobre la acción de protección es el único punto rescatable del dictamen de la Corte, que dio luz verde para que las otras 16 propuestas se tramiten en la Asamblea como enmienda a la Carta Política.
La acción de protección es la garantía jurisdiccional que más se usa en el país, de acuerdo con cifras de la Judicatura recogidas en los informes sobre Derechos Humanos de la Universidad Andina Simón Bolívar. Pero, a pesar de ello, la mayoría son rechazadas: 8 de cada 10 acciones de protección son rechazadas por los jueces.
Pero detrás de la propuesta de enmienda a este artículo hay una serie de antecedentes de ataques a esta garantía constitucional que ha resultado incómoda para el Régimen.
En noviembre del 2010, un oficio de Mera alertó sobre el “abuso ilegítimo de la acción de protección y de las medidas cautelares”. Dos años después, en julio del 2012, en un memorándum del entonces coordinador de Control Disciplinario de la Judicatura, Diego Zambrano, se comunicó las sanciones reiteradas a jueces que resolvieron favorablemente con esta figura, para que otros tomen los “correctivos” necesarios.
El antecedente de ese documento fue un fallo a favor de extrabajadores de la Universidad Central. Los jueces aceptaron la acción de protección para que se les cancelara el pago por sus jubilaciones pendientes desde el 2011. Y luego fueron destituidos.
Por ello, García considera que el propósito de la enmienda que impulsaba el oficialismo revela temor. “Esto demuestra el miedo de los órganos gubernamentales a que sus decisiones puedan ser impugnadas judicialmente y discutidas por jueces imparciales, que no tenemos. Pero hay el temor de encontrar por ahí alguno”, dice.
Mientras tanto, el presidente Rafael Correa dice que él no se siente afectado con la decisión de la Corte sobre la acción de protección. “Hay unos abusos tremendos. Yo soy un Presidente fuerte, yo no he tenido problemas con esto, pero los gobiernos que vendrán sí van a tener problemas”, señaló en la sabatina del pasado 1 de noviembre.