El Presidente, Lenín Moreno, realiza sus actividades diarias por videoconferencia. Foto: Cortesía Presidencia de la República
El próximo domingo, el presidente Lenín Moreno realizará su tercer informe de gestión anual. La expectativa va a estar marcada en cómo explicará su actuación en dos crisis: la de las revueltas de octubre y la del covid-19, y sobre cómo ha abordado las consecuencias sociales, sanitarias y económicas producto de ellas.
La Secretaría de Comunicación del Gobierno confirmó que el Informe a la Nación se realizará de manera virtual debido a la crisis sanitaria. Patricio Donoso, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, explicó que el informe debe ser ante el Legislativo porque así lo establece la Constitución en su artículo 147.
Para el catedrático universitario Daniel Crespo, el último año de gestión ha sido el de mayor desgaste y pérdida del capital político del Gobierno. El analista dijo que hubo una crisis de liderazgo desde el manejo del conflicto por la eliminación de los subsidios a los combustibles.
Fueron 11 días de crisis que terminaron con una mesa de diálogo entre el Gobierno y los líderes del movimiento indígena en la que se acordó la derogatoria del Decreto Ejecutivo 883.
El compromiso fue la elaboración conjunta de un nuevo Decreto. Sin embargo, tanto la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) como el Gobierno avanzaron en sus agendas por distintos caminos.
Crespo señaló que la decisión de derogar el Decreto 883 marcó el inicio de un distanciamiento de sectores que apoyaron la eliminación de los subsidios
porque vieron “que Moreno se dejó rebasar”.
A la crisis social y política se sumó la sanitaria. El 29 de febrero pasado, el Ministerio de Salud Pública (MSP) confirmó el primer caso en el país de una persona con covid-19. Después de 16 días, Moreno decretó el estado de excepción con el que se instauró el aislamiento social.
Desde el 4 de mayo pasado se implementó el sistema de semáforo para determinar restricciones en cada ciudad de acuerdo con la decisión que adopte cada Comité de Operaciones de Emergencia (COE) cantonal.
Crespo comentó que esta emergencia también mostró una falta de decisión del Gobierno. Citó como ejemplo la resolución de que sean los alcaldes los encargados de decidir si una ciudad mantiene o levanta determinadas restricciones.
Para el analista político José Luis Fuentes, uno de los problemas del Gobierno ha sido la información. De ahí que, tras la crisis de octubre, haya salido el secretario Eduardo Khalifé, y en medio de la pandemia Gabriel Arroba tuviera que dimitir.
La crisis sanitaria también destapó casos de corrupción. El primero fue en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) por la compra de insumos médicos con sobreprecios. La Contraloría halló indicios de responsabilidad penal y, aunque no se vinculó a Paúl Granda, expresidente del IESS, el funcionario dejó el cargo.
El último caso tiene que ver con la compra de kits de alimentos hecho por el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos. En ese contrato también se detectaron sobreprecios y Alexandra Ocles, ahora exdirectora de esa entidad, enfrenta ya un proceso judicial.
Para Fuentes, ningún Gobierno ha estado exento de corrupción. Sin embargo, recalcó que las denuncias y procesos legales revelan mayor claridad en el tratamiento de la corrupción en comparación al régimen anterior.
Fuentes y Crespo coincidieron en que ahora es más clara la característica de Gobierno de transición y que le queda también superar una relación bastante compleja con la Asamblea, pues debe ceder mucho para que sus leyes sean aprobadas.