9 de mayo de 2019 00:00

41 testigos, llamados a la audiencia final tras accidente aéreo

El martes, a este edificio llegó el general Espinosa de Los Monteros. Allí se desarrollará la audiencia de hoy. Foto:  Julio Estrella / EL COMERCIO

El martes, a este edificio llegó el general Espinosa de Los Monteros. Allí se desarrollará la audiencia de hoy. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO

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Redacción Seguridad

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Dos meses después de que el general Enrique Espinosa de los Monteros se accidentara en un helicóptero policial, Inspectoría de la Policía cerró las investigaciones y solamente queda la audiencia final para saber si el oficial es sancionado o no. La diligencia arranca hoy.

Desde marzo, el general fue sometido a una investigación por una falta “muy grave” al “emitir órdenes contrarias al ordenamiento jurídico”. Esta figura se habría configurado luego de confirmar que en la aeronave también se movilizaba la esposa del uniformado. Luego del siniestro, el comandante Nelson Villegas dijo que el helicóptero debe ser utilizado solo en “actos oficiales”.

Según el Código de Entidades de Seguridad Ciudadana (art. 48), esta infracción es sancionada con la destitución de los uniformados.
El abogado de Espinosa de los Monteros, Hugo Espín, indicó que eso significaría que su cliente automáticamente deje la entidad.

Pero aseguró que no hay pruebas en contra de su defendido y que él “cumplió con los requisitos jurídicos” para ordenar el uso de la aeronave, el pasado 4 de marzo.

Este Diario conoció que ese día el jefe policial solicitó el helicóptero porque recibió la orden de recibir a una delegación de Iberpol (Escuela Iberoamericana de la Policía) en Quito y él se encontraba en Bahía de Caráquez, en Manabí. Eso fue lo que precisamente informó durante la fase de investigación, que comenzó dos semanas después del siniestro.

Tras el hecho, Espinosa de los Monteros fue suspendido de sus funciones y desde entonces no puede usar el uniforme, portar armas ni utilizar bienes institucionales.

El martes, el oficial estuvo en Inspectoría de la Policía y dejó el edificio en la parte trasera de un auto particular, con vidrios polarizados.

El oficial y su abogado tuvieron 10 días para recopilar evidencias a su favor, como documentos y testimonios que fueron incluidos en el expediente que está contenido en 1 000 hojas.

Este material será utilizado en la audiencia de hoy, a la que fueron llamados el general Espinosa de los Monteros, su abogado; la inspectora general de la Policía, María Fernanda Tamayo. También estará Juan Francisco Sosa, a quien en este proceso se lo conoce como “sustanciador”, pues sustentará la acusación en contra del oficial.

La defensa del general convocó a 32 testigos, mientras que la Policía llevará a nueve.

Con base en los testimonios y en las evidencias recopiladas, Sosa presentará cargos en contra del general.

La decisión final la tomará la inspectora Tamayo.

El dictamen final deberá ser comunicado al Ministerio del Interior, para que esa información sea incluida en la hoja de vida del oficial.

Además del proceso en la Policía, la Contraloría General del Estado también inició un examen especial al uso de las aeronaves policiales.

El organismo verifica si se cumplieron las disposiciones legales y reglamentarias durante los viajes realizados por el Servicio Aeropolicial, entre el 1 de enero del 2013 y 6 de marzo del 2019.

Además, se revisan las autorizaciones, fechas, números de viajes, destinos, horas de vuelo, tripulación, lista de ocupantes, objetivos del desplazamiento y su costo.

La defensa de Espinosa de los Monteros aseguró que su defendido fue quien solicitó al ente de control que se indague a fondo el uso que se da a estos bienes de la Policía Nacional.

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